Denuncian en Fiscalía a 22 médicos del área que trabajan en la privada

El sindicato Comisiones Obreras, uno de los ocho con representación en la junta de personal del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chop), ha pasado de las amenazas a los hechos. Rafael Vázquez, uno de los dos delegados que tiene la central, hizo pública ayer la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Pontevedra por lo que considera una «vulneración sistemática de la ley de incompatibilidades». Por este motivo, el sindicato solicitó la dimisión del gerente de la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Pontevedra e O Salnés, José Manuel González. Señaló que es una petición de Comisiones, y no de la junta de personal en su conjunto.

La denuncia, que se formalizó en la Fiscalía el pasado 15 de junio, afecta inicialmente a 22 médicos que simultanearían su trabajo en el Sergas con otro en la sanidad privada fuera de las excepciones que están «perfectamente reguladas». Rafael Vázquez hizo hincapié en que esos 22 facultativos son los casos que han podido documentar, pero estimó que puede haber más de cien. También dejó claro que la ley de incompatibilidades no afecta solo a los médicos, sino a todo el personal sanitario funcionario.

La queja de Comisiones por esa supuesta vulneración sistemática de la ley de incompatibilidades no es nueva. De hecho, hace quince meses, el 30 de marzo del 2015, el sindicato había puesto el tema en conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos de la EOXI. Según Vázquez González, ante la «inacción» de ese departamento se decidió trasladar el tema a la Xerencia. El delegado sindical cuestionó que el gerente expresara su preocupación porque la denuncia se centrara solo en la EOXI.

Meses después, Comisiones da un paso más y pone los hechos en conocimiento de la Dirección Xeral de Función Pública y la Intervención Xeral de la Xunta, además de la Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas. En diciembre, la Dirección de Función Pública remite el caso a la Secretaría Técnica de la Consellería de Sanidade. Ya este año, el sindicato lo pone en conocimiento del servicio provincial de Muface. El 15 de abril llega la respuesta de la directora de Recursos Humanos de la EOXI, que contesta «con subjetividades y sin argumentación sobre el procedimiento, ni resolución de ningún tipo». Rafael Vázquez comentó que la central optó entonces por acudir a la Fiscalía ante la «inacción» de los representantes de las Administraciones y la «más que probable colaboración» en el incumplimiento normativo sobre incompatibilidades y contratos del sector público. Un proceder que para la central va en detrimento del desarrollo de la prestación de servicios públicos y de las arcas públicas por «pagos indebidos».

Botellas de albariño

Comisiones también estudia llevar a la Fiscalía la aparición de 9 botellas de albariño en la estafeta del hospital Montecelo. Fue a principios de año y, según expuso, fue «un agradecemento por parte de Gesmédica -empresa de gestión de proyectos de tecnología médica- a tres membros da dirección». «Non sabemos se é delito ou non», apuntó.

El sindicato cree que esas prácticas van en detrimento de los servicios y las arcas públicas

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