La Diputación discrepa con las criticas administrativas del fiscal
30 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Tras el archivo de la denuncia por el sobrecoste de Pasarón, Rafael Louzán cargó ayer contra quien «trató de sacar rédito político disto». En su opinión, la denuncia del concejal socialista Agustín Fernández, al que el presidente de la Diputación no citó por su nombre, tiene un «contido claramente político. O rédito político foi que creo que baixou, nada máis e nada menos, que o 27 % de apoio electoral nesta cidade. Xa non tiña moito...».
Tanto Louzán como el asesor jurídico del organismo, Bernardo Sartier, destacaron la colaboración -«absoluta e extraordinaria»- que se prestó a la Fiscalía, si bien discreparon con lo que el ministerio público tacha de «importantes y graves deficiencias administrativas». «El derecho es una ciencia interpretable (...). La Fiscalía ha interpretado que aprecia irregularidades administrativas, pero es una cuestión opinable», remarcó Sartier.
Destacó el hecho de que la Diputación, en un documento de veinticinco folios, mostró su disconformidad con el informe del Consello Consultivo que consideró «inasumibles» los motivos que llevaron a aprobar el primer modificado del presupuesto en el que fue licitada la obra de Pasarón y que ascendió a 7.237.740 euros. Louzán precisó que, cuando se adjudicó la obra, lo hicieron con el convencimiento de que con esa cantidad inicial se podrían sacar adelante los trabajos.
En su opinión, el que el coste se hubiera disparado hasta los 17.352.011 euros se debe a que el proyecto nació de un concurso de ideas: «A idea está moi ben, pero claro hai que levala á practica para que esa instalación se adecúe para o fin que se buscaba».
En cualquier caso, para el máximo dirigente de la Diputación el archivo de la investigación «vén a dicir que as cousas se fixeron dentro do que, dalgunha maneira, estaba establecido e sempre pensando no interese xeral desa actuación. Hoxe Pontevedra pode dicir que ten unha infraestrutura destas características porque o goberno da Deputación e o goberno do Concello traballaron ao unísono».
«En todo caso, el presidente y yo mismo tomamos nota de esos posibles defectos que puede haber en el expediente para que puedan ser corregidos en futuros expedientes», indicó Sartier.
En cuanto a la investigación, resaltó la «profesionalidad de la Fiscalía que mareó, en el buen sentido, a esta Diputación practicando con nosotros hasta catorce diligencias probatorias, las cuales incluían la declaración de cuatro técnicos y de nueve integrantes de la junta de gobierno». No dejó pasar la ocasión de subrayar que, pudiendo acogerse a su derecho a guardar silencio, «la colaboración de las autoridades políticas de la Diputación fue máxima y se dieron todas las explicaciones posibles».
Interpretación distinta le merece a Agustín Fernández, quien sostuvo ayer que lo que viene a poner de manifiesto el fiscal es que, «dende o primeiro folio ata o último, foi unha enorme chapuza. Cometéronse todos os erros administrativos que se podían cometer e, incluso, pode ser que se inventara algún erro». No obstante, considera que la resolución de archivo es contradictoria porque exime de responsabilidad a los políticos en base a que «os informes técnicos son ambiguos. Si houbo errores administrativos e non se pode culpar aos políticos, haberá que ver se algún técnico cometeu algún erro».
Fernández considera que, si el fiscal «realmente quere saber o que pasou en Pasarón», debería no haber archivado la investigación y continuar las diligencias para esclarecer estas responsabilidades. La conclusión a la que llega es que «o fiscal, ao final, montou unha especie de ??amnistía??».
«[O arquivo] vén dicir que as cousas se fixeron dentro do que, dalgunha maneira, estaba establecido»
Rafael Louzán
«El fiscal interpretó que aprecia irregularidades, pero es una cuestión opinable»
Bernardo Sartier
«Cometéronse todos os erros que se podían cometer e pode ser que se inventara algún erro»
Agustín Fernández