El fiscal concluye que la licitación de la obra «adolece de importantes y graves deficiencias administrativas», pero no es una infracción penal
29 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Fue un cúmulo de deficiencias administrativas, pero no se han hallado indicios de infracción penal. Esta es, a grandes rasgos, la tesis que sustenta la Fiscalía a la hora de archivar la denuncia por los sobrecostes del campo de fútbol de Pasarón, una investigación que provocó que el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, tuviera que dar explicaciones en el edificio judicial de A Parda.
Tras realizar un pormenorizado relato de los sucesivos incrementos del coste de las obras, que licitadas en 7.237.740 acabaron costando 17.352.011, el fiscal de delitos económicos recuerda que tales modificaciones presupuestarias «deben obedecer a necesidades nuevas o causas imprevistas en el momento de la contratación». Sin embargo, en el caso concreto del estadio pontevedrés, «no concurrían en absoluto dichas circunstancias».
No obstante, reconoce que no consta que los funcionarios encargados de emitir los informes «hubiesen formulado reparos suspensivos a las distintas resoluciones administrativas». Y en el caso de los reparos de intervención «no se expresa claramente» que sean suspensivos.
Es por ello que «la ausencia de informes contundentes y de carácter suspensivo (...) impide conocer si los órganos políticos tenían plena conciencia de la importancia de las deficiencias administrativas», mantienen desde el ministerio público. En este punto, se insiste en que a raíz de un informe desfavorable del Consello Consultivo se hubieran tenido que adoptar medidas que evitasen que se hubiesen aprobado los diferentes sobrecostes del proyecto, algo que no se produjo por «la pasividad de los informes técnicos al respecto, lo que impide apreciar el auténtico conocimiento de las irregularidades por los órganos políticos».
El fiscal de delitos económicos de Pontevedra ratifica que lo que sí ha quedado acreditado es que la licitación de la reforma de Pasarón «adolece de importantes y graves deficiencias administrativas». Sin embargo, y aludiendo a la doctrina del Supremo, matiza que esto no configura la prevaricación, un delito que se consuma «cuando la ilegalidad es evidente, patente y clamorosa».