La documentación del caso Elsamex determinará posibles interrogatorios ante la Fiscalía

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA CIUDAD

El Ministerio Público ya dispone de la totalidad de contratos remitidos por el Concello de Pontevedra

27 ene 2015 . Actualizado a las 12:04 h.

El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, ha recibido en los últimos días varias cajas que contienen la voluminosa documentación referida al caso Elsamex, la denuncia interpuesta por el PP vinculada con el contrato municipal de conservación y mantenimiento de zonas verdes. La intención del máximo responsable del ministerio público capitalino es analizar la totalidad de estos escritos antes de tomar una decisión sobre el futuro de la denuncia.

Así lo confirmó ayer al señalar que, solo cuando termine de abordar estos documentos, tomará la determinación de solicitar la comparecencia de alguna persona o, por el contrario, proceder al archivo de la denuncia. En este punto, dejó claro que las investigaciones no se dirigen contra nadie en concreto, sino que se limitan al contenido de la denuncia y de la documentación remitida desde el Concello de Pontevedra.

En todo caso, fuentes de la Fiscalía precisaron que en el supuesto de que finalmente se opte por solicitar la comparecencia de técnicos municipales o responsables políticos, no se podría hablar de imputados. En este sentido, explicaron que, en el marco de este tipo de diligencias, lo habitual es que se tome declaración a las personas presumiblemente implicadas en calidad de investigados -figura que difiere de la de testigo en el sentido de que los primeros son asesorados por un abogado y pueden negarse a contestar las preguntas que se le realicen-: «La imputación sobreviene posteriormente, siempre y cuando exista una querella que judicialice la investigación y tiene que ser acordada por el juez instructor», añadieron al respecto.

Se da la particularidad de que hace algunos días, los populares ampliaron su denuncia inicial. De este modo, en su primer escrito remitido a la Fiscalía de Pontevedra se hacia hincapié en las dos prórrogas, supuestamente, irregulares que había autorizado el gobierno municipal en contra de los informes técnicos para mantener la vinculación del Concello con Elsamex en los ejercicios del 2012 y 2013. Asimismo, se enfatizaba que, a fecha de febrero del 2014, la adjudicataria desde hace nueve años del mantenimiento de zonas verdes seguía prestando este servicio pese a que, presumiblemente, no existiese contrato alguno que lo amparase.

A estas sospechas, el PP sumó la semana pasada la de que la firma podría haber facturado y cobrado por trabajos no realizados entre el 2006 y el 2012. En este sentido, el concejal César Abal desveló que un informe de Elsamex cifró hace tres años la superficie sobre la que trabaja su personal en 233.008 metros cuadrados cuando el contrato inicial del 2006 no solo especificaría que la duración del mismo sería de cuatro años, sino que concretaba que asumiría la conservación de 822.364 metros cuadrados.

En el Partido Popular temen que la concesionaria hubiera cobrado por realizar labores de mantenimiento en 590.000 metros cuadrados inexistentes.

El gobierno local trasladó tanto el expediente de contratación como las prórrogas acordadas

 

Los documentos remitidos por el Concello de Pontevedra al fiscal jefe Juan Carlos Aladro consisten, por un lado, en el expediente de contratación del que resultó adjudicataria la empresa Elsamex y, por otro, las prórrogas que se acordaron en el marco de tal contrato.

Esta cuestión fue abordada el pasado 21 de enero en el marco de la comisión municipal de recursos humanos. En el transcurso de esta reunión, el concejal Vicente García Legísima (BNG) recordó que, en su día, «

ningún membro do grupo municipal do PP protestou polo prezo do contrato

», así como que incidió en que votaron a favor de Elsamex.

Explicó que las distintas prórrogas estuvieron vinculadas a cuestiones tan dispares como el hecho de que «

non estaban elaborados os pregos que permitisen licitar o novo contrato

». Esto provocó que se tuviese que optar por la continuidad de la empresa en cuestión o por generar un riesgo entre la ciudadanía.