Agentes de la Comandancia de Pontevedra se centran en esta criminalidad
18 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.De un tiempo a esta parte, la persecución de los delitos de carácter urbanístico en el seno de la Guardia Civil de Pontevedra es asumida por una unidad específica. Se trata, según añadieron las fuentes consultadas, de agentes especializados en este tipo de criminalidad que tienen su base de operaciones en la Comandancia de la ciudad del Lérez.
La creación de este equipo en Pontevedra es consecuencia del plan de despliegue escalonado iniciado en el 2006 en Madrid. Entonces se proyectó la configuración de un Grupo de Delitos Urbanísticos, que estaría constituido por una treintena de agentes procedentes de la Unidad Central Operativa (UCO). La intención era que paulatinamente se fueran estableciendo equipos especializados en cada una de las Comandancias provinciales.
Paralelamente, la intención era que se habilitasen en el Seprona, la unidad que en el seno de la Guardia Civil venía investigando los delitos urbanísticos, una serie de equipos de inspección. Con la creación del nuevo grupo, el Servicio de Protección a la Naturaleza, aparentemente, se limitará a investigar aquellos casos vinculados con la ordenación del territorio.
En ambos casos, se trata de unidades «imprescindibles» para la Fiscalía de Pontevedra. No obstante, en la última memoria del ministerio público, se advierte de que «el número de agentes dedicados a estas tareas sigue siendo insuficiente».
Con respecto a este ámbito de actuación del Seprona, se considera que es crucial la labor que desarrollan los agentes pontevedreses, sobre todo, en aquellos supuestos de delitos contra la ordenación del territorio «en que se ordena la demolición o reposición del terreno al estado anterior, para comprobar que se llevan a efecto». En este sentido, se remarca que «el atestado en esta materia es la única prueba fiable de que se ha ejecutado o no esa parte de la sentencia».
En todo caso, se reconoce que se ha producido un descenso acusado de la criminalidad asociada al urbanismo, toda vez que las diligencias de investigación abiertas por el fiscal «ya no son tan abultadas como lo fueron hasta el 2009». No obstante, al mismo tiempo que el número de posibles delitos parece haber descendido coincidiendo con la explosión de la burbuja inmobiliaria, se ha observado «una creciente complejidad» de los casos.
De este modo, la tendencia que parece registrarse en la provincia de Pontevedra es a que aumenten ya no las denuncias por construcciones ilegales u obras sin licencia, sino las que apuntan a la posible comisión de supuestas prevaricaciones urbanísticas. Si bien, en ocasiones, se trata de denuncias mediatizadas por cuestiones políticas, otras veces derivan en investigaciones de calado que conllevan una considerable dificultad.