Un juez decidirá quién tiene que derribar los chalés de Dorrón seis años después
PONTEVEDRA
Las viviendas fueron declaradas ilegalizables porque no cumplían con la separación de 50 metros del cementerio
13 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Las licencias de los cuatro polémicos chalés de Ferro Mesego junto al cementerio de Dorrón, en Sanxenxo, se anularon por orden judicial en abril del 2008, pero seis años después de aquella sentencia todavía no está claro quién se ocupará de la demolición. Las cuatro edificaciones son ilegalizables y, de hecho, el Ayuntamiento de Sanxenxo pagó una indemnización de medio millón de euros a los promotores en su momento, siguiendo un dictamen del Consello Consultivo de Galicia en el 2010, precisamente por esta circunstancia.
Este organismo autonómico, al analizar el caso, dio en parte la razón a los constructores al hacer al Concello responsable de los perjuicios derivados de la anulación de las autorizaciones de parcelación y de obra de los chalés que la Xerencia Municipal de Urbanismo dio en el 2007. El Consello Consultivo rebajó la expectativa de los promotores, que habían cifrado en 900.000 euros su compensación, dejándola la institución autonómica en medio millón.
Despejados los aspectos urbanísticos sobre el futuro de estas construcciones, que no tienen encaje en el actual planeamiento, lo que resta es saber cuándo y quién se ocupará de que la piqueta las eche abajo.
El Concello de Sanxenxo entiende que deberían hacerlo los promotores, mientras que estos consideran que debe encargarse de esta tarea la Administración local. El resultado es un proceso judicial que sigue pendiente de resolución y que determinará, de forma definitiva, cómo remata este complejo expediente.
La polémica sobre estos chalés salió a la luz pública cuando trascendió un informe de la Consellería de Sanidade, que se negó a autorizar el uso del cementerio de Dorrón para enterramientos porque los chalés estaban dentro de la franja de los 50 metros del camposanto. Esta situación obligó al Concello a intervenir para anular las licencias municipales para estas viviendas, que quedaron sin acabar pero en un estado muy avanzado.
Cabe señalar también que, paralelamente y aparte de este proceso administrativo sobre el derribo, el Juzgado de Cambados incluyó estos chalés en su investigación urbanística en Sanxenxo.