El Concello pontevedrés alega falta de competencias para esquivar la presión social que demanda erradicar el poblado chabolista de O Marco por cuestiones de imagen
26 oct 2014 . Actualizado a las 04:00 h.Un conjunto de roulottes descuajeringadas e infraviviendas hechas de hojalata con toldos rudimentarios por tejado; un parque móvil de vehículos vejestorios; mucha chatarra, otros residuos y mugre por doquier, perfilan el paisaje que ofrece el poblado chabolista de O Marco, asentado junto al puente de O Couto.
Una vergüenza que persiste en pleno núcleo urbano de Pontevedra desde hace muchos años. Una realidad que afea una ciudad, en general tan reconocida por su humanización.
Ese es el impacto visual que recibe diariamente a decenas y por tanto anualmente a miles de peregrinos que acuden a alojarse al albergue sito en la calle Otero Pedraio. Asimismo, a miles de viajeros que llegan a nuestra urbe a través de las estaciones de tren y autobuses, cercanas a ese asentamiento, a la vera del río Gafos.
No se trata de una situación reciente, sino resesa que ahora se actualiza con una nueva petición a las administraciones pertinentes para que intervengan de modo urgente.
Resulta sintomático que dos entidades bien diferentes, también tan distantes en ámbitos de actuación como, probablemente, en disposición ideológica, como Vaipolorío y Amigos del Camiño Portugués, hayan coincidido esta semana en reclamar conjuntamente el traslado de ese asentamiento.
La asociación que vela por el cauce del Gafos lleva años solicitando una intervención tajante que permita recuperar ese espacio. Ha reclamado de modo recurrente tanto al Concello como a la Xunta de Galicia advirtiendo del impacto ambiental y visual.
Por su parte, la Asociación de Amigos do Camiño Portugués apela fundamentalmente a razones turísticas dado el innegable relieve económico que nos supone para Pontevedra ser hito de ruta jacobea.
El colectivo que atiende el albergue es testigo de primera mano de la sorpresa y extrañeza con que cientos de caminantes observan semejante poblado chabolista. Como preámbulo impropio a su acceso al alojamiento donde descansar hasta reemprender ruta hacia Santiago.
Porque los hospitaleros acumulan ese feed back y plantean que debe erradicarse una imagen tan negativa que se llevan peregrinos llegados desde los cinco continentes y que comentarán sus experiencias al retornar a sus lugares de procedencia.
Cuantiosos recursos
Y en suma, mirando el asunto con perspectiva de territorio, es ciertamente enojoso que se mantenga semejante infrasituación cuando se emplean cuantiosos recursos económicos tanto en mantener la senda del Gafos como en promocionar el Camino, eje del negocio turístico de la comunidad autónoma.
El Concello asegura que no tiene competencias directas para proceder a la erradicación de ese poblado. Parece discutible cuando actualmente maneja un proyecto como el desdoblamiento de la avenida de Vigo, que ya se dijo que podía servir a tal fin. Al menos propiciar una limpieza y reordenación de ese espacio aprovechando la ejecución de la obra antes citada, con un presupuesto global que supera los cinco millones de euros.
En abril pasado, Luis Bará había anunciado algo así. Pero meses después el propósito parece haberse enfriado.
Pero la cuestión de fondo es otra. En el gobierno municipal pontevedrés la palabra realojo produce escalofríos.
¿Dónde se recolocaría a las familias que ahora moran en el poblado chabolista de O Marco? ¿Qué barrio, qué parroquia sería penalizada dándoles acogida? Preguntas que seguro sonarán políticamente incorrectas pero que están en el meollo del asunto.
Vecinos y comerciantes del entorno ya sugerían esa solución y los mismos residentes en el poblado dijeron: «Nosotros si nos dan algo digno nos iríamos», como informó ayer Cristina Barral en La Voz de Galicia.
El recuerdo de O Vao
Miguel Anxo Fernández Lores y sus principales colaboradores aún recuerdan la peripecia de su homólogo, vecino y compañero de partido, Nito Sobral, cuando acometió hace casi siete años los realojos de familias gitanas procedentes de O Vao que se recolocaron en Monteporreiro y Pontecaldelas. La maniobra, hecha por el concello de Poio con nocturnidad y financiada por la Consellería de Vivenda que dirigía por aquel entonces Teresa Táboas, salió torcida.
No se olvidan aquellas protestas vecinales tanto en la urbanización pontevedresa como en Caritel exigiendo la salida de los gitanos, no exentas de algunos altercados. Hubo protestas institucionales de los ayuntamientos de Pontevedra y Pontecaldelas contra Poio, algunos pleitos judiciales derivados y finalmente se dio marcha atrás, hasta el punto de que las familias gitanas se reagruparon de nuevo en O Vao.