El Puerto desoye por sexta vez desde el 2009 la orden de demoler los rellenos
PONTEVEDRA
El ente ha eludido hasta ahora los mandatos del Supremo y del Superior de Galicia
26 sep 2014 . Actualizado a las 05:00 h.A un ritmo casi de una orden por año desde el 2009, el Tribunal Supremo o, en su defecto, el Superior de Xustiza de Galicia, se han dirigido a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra para reiterarle la obligación de cumplir la sentencia que declaró ilegales 300.000 metros cuadrados de rellenos frente a Estribela y llevar a cabo su demolición. El último auto se conoció esta misma semana, el segundo en apenas tres meses, pero a la Administración marítima todavía le queda la opción de un recurso de reposición y lo va a usar.
La orden de demolición original data de 2009, cuando el Supremo atendió un recurso vecinal y anuló una sentencia del TSXG. Fue una medida que dejó sin efectos al plan especial del puerto del 2000, documento urbanístico en base al que se habían hecho los rellenos, que quedaron sin cobertura jurídica. La aprobación por parte de la Xunta de otro planeamiento en el 2005 tampoco sirvió para regularizar la situación porque en el 2010 el alto tribunal gallego desestimó, por las mismas razones que el Supremo para el del 2000, la pretensión de la vigencia de esta modificación posterior.
Una vez más, sin plan al que ampararse, los recursos se sucedieron hasta que se aprobó un plan especial totalmente nuevo, pero este documento no sirve para respaldar y legalizar los rellenos, según explicó el Supremo en una sentencia del pasado junio de este año, que ratificó la sentencia de los derribos.
La última providencia del TSXG, con fecha de este mes, ordena proseguir con lo exigido en otros dos autos, de febrero y abril del 2013, que rechazaron las pretensiones del Puerto y del frigorífico Cabomar Congelados, y exigían la realización de las demoliciones. Es más, el Puerto, nuevamente, tiene un plazo de veinte días para notificar al alto tribunal gallego qué está haciendo para cumplir la resolución del Supremo. El recurso puede paralizar su ejecución por un tiempo, pero este no parece que pueda ser muy prolongado.
A la hora de aclarar qué línea de acción se va a tomar, desde la Autoridad Portuaria, como suele ser habitual en este complejo embolado judicial, se limitaron a señalar que «el caso está en manos del abogado del Estado». Ayer había consejo de administración del Puerto y, aunque el punto no figuraba en el orden del día, la sombra de la última providencia del TSXG sobrevoló la cita y ocupó gran parte del tiempo de la reunión.
Fuentes del consejo explicaron que en la reunión se habló de agotar todos los recursos posibles, no solo el de reposición, sino alguna otra vía jurídica que existe, pero que no ha trascendido todavía al público.
Además desde la abogacía del Estado se intentará justificar ante los tribunales las normativas que amparan las obras ejecutadas en los rellenos, ya que desde el ente marítimo consideran que cumplen con todos los requisitos para ser legales, entre ellos el impacto ambiental.
En el consejo de ayer por la tarde no estuvo presente el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ausente fuera de la ciudad. Lores apuntó recientemente la necesidad de abordar en el órgano director de este ente marítimo la creación de un puerto seco o plataforma logística a la que se pudiesen trasladar el mayor número de empresas de los terrenos afectados. Sin estar él en la reunión, no se trató el tema.