Costas consultará a Medio Ambiente sobre la caducidad de la concesión
19 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.«O interese superior», entiéndase general, fue uno de los factores a los que apeló la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, para explicar la actuación de la Xunta ante Costas en asuntos de trascendencia como el futuro de Ence. Rivas respondió a una pregunta de la diputada de AGE Consuelo Martínez sobre la sentencia del Supremo que ordenó a Costas incoar el expediente de caducidad de la concesión de la pastera en Lourizán. En su comparecencia en el Parlamento Gallego, Rivas eludió varias de las cuestiones planteadas por Martínez, pero sí desgranó un discurso lleno de matices semánticos.
Le recordó a la diputada de Alternativa Galega de Esquerdas que los expedientes de caducidad son competencia de Costas y añadió que no dudaba que el Estado daría «estrito e cabal cumprimento ao sentenciado». Ahora bien, recalcó que ese hecho «en absoluto quere dicir que a Xunta se manteña ao marxe dunha situación como é a da empresa Ence en Pontevedra». Destacó su empeño en respetar el «marco competencial» y «colaborar co ministerio» para ejecutar la sentencia, «sempre tendo en conta que o interese superior é o que rexe neste asunto, como en todos os asuntos nos que intervén a Xunta, ponderando e determinando a prevalencia de todos os intereses que estean en xogo».
Rivas precisó que el Estado está obligado a incoar el expediente de caducidad de la concesión de la pastera -«ningunha Administración vai amosarse insubmisa»-, pero añadió que este es un procedimiento «regrado», es decir, que no es cosa de un día y sigue una serie de garantías.
La secretaria xeral de Urbanismo apuntó que desde el año 2005, existe un decreto de distribución de competencias entre la Xunta y el Estado sobre materia de litoral. Cualquier asunto en estructuras fijas en el dominio público marítimo terrestre requiere de un informe preceptivo de la comunidad autónoma y Costas tiene también su opción a expresarse en la franja de los cien metros regulados por la Xunta. En el expediente de Lourizán, la Administración autonómica será consultada y la pastera también podrá defenderse ante Costas.
Sobre el futuro final de Ence concluyó: «Pensamos que a transcendencia da instalación de Ence na ría de Pontevedra é merecente de que desde os axentes sociais, os empresariais, municipais, provincias autonómicos e estatais se busque a saída que sexa a mellor para todos os implicados».