La plantilla calcula que Enmacosa les debe 1,7 millones, y 8 a los bancos

carmen garcía de burgos PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

RAMON LEIRO

Los trabajadores acordaron iniciar las movilizaciones esta misma semana

16 sep 2014 . Actualizado a las 12:36 h.

Alrededor de 1,7 millones en sueldos (unos 7 meses más 2 extras) y otros 8 millones más, aproximadamente, con las entidades bancarias. Esas son las cifras de la deuda que mantiene actualmente Enmacosa con sus principales acreedores. O son, al menos, las que más problemas le están causando, en opinión de la plantilla, que ayer celebró una asamblea en la que aprobó concentrarse ante la sede de la empresa a finales de esta misma semana.

El principal obstáculo entre la firma y su viabilidad es, criticaron los trabajadores, la Administración pública, principal contratante del grupo sanxenxino. Enmacosa posee una carga de trabajo asegurada para los próximos dos años, lo que elimina la principal causa de cierre de la mayoría de empresas. «Yo tengo ahora más trabajo que nunca, y lo tengo confirmado, con calendario», lamentaba ayer uno de los empleados. Según los cálculos de la plantilla, la empresa debería ingresar unos 300.000 euros al mes en concepto de los encargos que lleva a cabo en sus delegaciones de Galicia, Madrid y las Islas Baleares.

Los trabajadores tampoco quieren echar toda la culpa a la gestión de la firma, aunque admiten que tiene su parte de responsabilidad. Igual que ellos. «Nosotros también somos parte activa de Enmacosa, y también participamos de alguna forma en la toma de decisiones», apuntaba.

Quitas de hasta el 50 %

Por eso sus quejas no van dirigidas a la firma. Van directamente enfocadas a la Administración pública, principalmente a la autonómica. Además de retrasar los pagos hasta alcanzar plazos insostenibles, afirmaron, las quitas de hasta el 50 % en proyectos ya comenzados llevaron a la empresa al borde del concurso; un final que, aunque todavía ven lejano, no puede descartar la plantilla.

El problema -aseguraron los trabajadores- radica en que, con un cuadro de personal que supera el centenar de personas (123, para ser exactos) la empresa necesita aceptar contratos de la Administración autonómica, ya que los ingresos que dejan otros organismos públicos de menor tamaño son insuficientes para mantener la firma.

La situación, que se prolonga desde hace ocho meses, llevó incluso a un 20 % de la plantilla a solicitar la extinción de su contrato y reclamar su indemnización por vía judicial.

Por esta razón consideran indispensable la ayuda de la Xunta y, en concreto, del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), al que solicitan una «inxección de diñeiro que permita salvar a empresa». La promesa ya llegó en forma de acuerdo, en junio, uno que permitiría a la empresa contar con 1,5 millones más de margen, «pero por culpa do sistema de tramitación estamos onde estamos», lamentó el responsable comarcal de UGT, Ramón Vidal.