El Concello mantiene los pleitos con Sogama a la espera del Constitucional

Serxio Barral Álvarez
Serxio Barral PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

El recurso de amparo del Concello ante el Constitucional se presentó en enero de este año.
El recurso de amparo del Concello ante el Constitucional se presentó en enero de este año. Benito Ordóñez< / span>

Habrá recurso a la sentencia que obliga a pagar 914.000 del año 2009

16 sep 2014 . Actualizado a las 12:32 h.

El Concello de Pontevedra recurrirá la última sentencia sobre la gestión de las basuras, conocida el pasado jueves y que le condena a abonar a Sogama 914.000 euros (más los intereses) por las diferencias en las facturas del año 2009. El recurso instará la suspensión de la ejecución de la citada sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra.

Son los servicios jurídicos municipales los que recomiendan que se sigan recurriendo los fallos contrarios, ya que el Concello está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo presentado a principios de este año contra la sentencia firme del Superior de Xustiza de Galicia que dio la razón a Sogama. No recurrir la última sentencia podría dar pie a una paradoja en caso de que el Tribunal Constitucional acabe atendiendo las razones del Concello.

Hay que recordar que faltan por dictarse sentencias relativas a las facturas del 2010, 2011, 2012, 2013 y enero y febrero del 2014. La deuda que reclama Sogama al Concello suma 4,3 millones de euros, sin sumar los intereses. Es la diferencia entre lo que facturó la entidad autonómica y lo que abonó el Ayuntamiento de Pontevedra. Las discrepancias vienen de la aplicación por parte del gobierno local de una cláusula del contrato original, firmado en 1997, que prevé calcular el canon por tonelada de basura tratada en base a un baremo proporcional con el IPC anual e inversamente proporcional con el precio de la energía. Es decir, cuanto mayor es el coste de la luz, menor es el canon y viceversa. Sogama no reconoce dicha cláusula, pues sostiene que se anuló en una adenda firmada en 1999. El problema es que el Concello no acepta esta porque la aprobó el último gobierno local del PP sin que llegara a pasar por el pleno de la corporación municipal.

Las discrepancias se vienen dirimiendo desde el año 2004 en los tribunales, con fallos a favor de ambas partes hasta que en octubre del 2013 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó una sentencia de «unificación de criterio» dando la razón a Sogama.

Aunque aquel fallo aparentemente resolvía las discrepancias, el gobierno local optó por agotar un último cartucho: acudir al Tribunal Constitucional en busca de amparo por «vulneración de derechos fundamentales».

El recurso se presentó en enero y todavía no hay respuesta, y es por ello que los servicios jurídicos recomiendan seguir recurriendo los fallos que puedan llegar de tribunales de primera instancia.

En cuanto a las facturas desde marzo hasta ahora, también existen diferencias entre Sogama y el Concello por la aprobación de un nuevo canon. Desde entonces, la deuda se incrementa en unos 65.000 euros cada mes.