La Policía Local de Vigo inspecciona una ambulancia alquilada por BDM

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

Los agentes comprobaron que realizaba un servicio privado con permiso de transporte público, por lo que, al parecer, iban a dar cuenta a la Xunta

22 ago 2014 . Actualizado a las 12:36 h.

Podrá carecer de autorización sanitaria, tal y como aseguró la conselleira de Sanidade en Ferrol, pero lo cierto es que Ambulancias BDM sigue realizando traslados de pacientes. En este caso, tal y como ya habían señalado desde la CIG, la empresa asentada en Soutomaior está alquilando vehículos con los papeles en regla para llevar a cabo estos servicios. En este sentido, Xabier Aboi refirió días atrás que «alquilaron outras ambulancias legais e, incluso, [fixeron] algún servizo cun monovolumen Citroën branco».

De hecho, ayer por la mañana, una patrulla de la Policía Local de Vigo inspeccionó una de estas ambulancias alquiladas cuando había acudido a una clínica de fisioterapia. Las fuentes consultadas dejaron claro que, tras comprobar los documentos del vehículo, no fue inmovilizado porque «no había motivo alguno para hacerlo».

No obstante, todo parece indicar que los agentes municipales olívicos sí que pudieron apreciar alguna irregularidad menor. En concreto, según trascendió ayer, supuestamente no portaban el contrato de alquiler del vehículo, así como, supuestamente, estaban realizando un servicio privado cuando la tarjeta de transporte para el vehículo en cuestión únicamente autorizaría la realización de transporte público.

Fuentes sindicales precisaron que, si bien no podían confirmar si la actuación policial se saldó con la interposición de una denuncia con su correspondiente propuesta de sanción, remarcaron que los agentes municipales les comunicaron al personal de la ambulancia que iban a dar cuenta de lo ocurrido a la Xunta.

En este sentido, durante toda la jornada de ayer, La Voz estuvo intentando en vano recabar una valoración por parte de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. A fin de cuentas la potestad sancionadora en muchas de las infracciones denunciadas por la Policía Local de Pontevedra y la Guardia Civil recae sobre la Dirección Xeral de Mobilidade. Sin embargo, no fue posible, como tampoco lo fue que Sanidade clarificara que quiso decir la conselleira Rocío Mosquera cuando aludió a que se trataba de una cuestión que debería resolverse por la «vía fiscal».

Por su parte, desde la central nacionalista incidieron en que, a día de hoy, BDM trabaja prácticamente en exclusiva con la aseguradora Adeslas, compañía para la que realizaría servicios en Pontevedra y Vigo, así como interviene en algunas residencias de la comarca del Lérez. En principio, la CIG estaría valorando la posibilidad de interponer una denuncia ante la Fiscalía, aunque, tal y como apuntó Xabier Aboi, «estamos cansados de ser o Robin Hood deste tipo de cousas. Levamos denuncias e [Juan Carlos] Aladro -fiscal jefe de Pontevedra- ou calquera outro as arquiva. Todo isto son gastos».

Las fuentes consultadas dicen que la firma sigue realizando servicios sanitarios