Mientras Marín y Caldas se congratulan del mantenimiento de los partidos, Pontevedra clama por la desaparición de la Audie
02 ago 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Nunca llueve a gusto de todos. Eso ha quedado más patente que nunca a raíz de la marcha atrás del ministro Alberto Ruiz-Gallardón con respecto a los partidos judiciales. Mientras Marín y Caldas se congratularon por esta decisión, Pontevedra clamó, no por el mantenimiento del mapa judicial que siempre ha defendido, sino por la desaparición de la Audiencia Provincial.
En este sentido, el socialista Antón Louro, alcalde accidental de Pontevedra, sostuvo que la ciudad del Lérez se ha convertido «na vítima propiciatoria do novo mapa xudicial galego. A capital pontevedresa é a única das sete cidades galegas que perde gran parte do seu peso sen gañar nada a cambio». En este sentido, señaló que «o Partido Popular vai ter moi difícil de explicar o mantemento dos partidos xudiciais cando se eliminan, ao mesmo tempo, as Audiencias Provinciais». Precisó que, como contrapartida, se crean «uns órganos novos e etéreos chamados tribunais de instancia cuxas funcións aparecen agora sen rango provincial, para o caso da provincia de Pontevedra, e máis difuminadas que nunca».
Louro insistió en que, mientras Ourense y Lugo dispondrán de tribunales de instancia de rango provincial y A Coruña verá reforzado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, «Pontevedra perderá a Audiencia Provincial e compartirá tribunal de instancia, sen rango provincial, con Vigo».
Frente a esta lectura negativa, otro socialista, en este caso, el regidor municipal de Caldas, Juan Manuel Rey, considera que el cambio de criterio del titular de Justicia es una decisión «satisfactoria». No obstante, quiso dejar claro que «habrá que estudiarla bien y hacer un seguimiento», al tiempo que subrayó que «la presión de las instituciones, sumada a la presión social, ha llevado al ministro a dar marcha atrás, y eso es algo que valoramos como positivo. En nuestro caso, la supresión del partido judicial de Caldas sería equiparable a la pérdida de una buena empresa».
Consecuentemente, la decisión de Gallardón hace que se suspendan las medidas ya previstas, que pasaban por presentar en septiembre mociones en los plenos de todos los ayuntamientos del partido judicial e impulsar protestas en la calle.
Una valoración similar realizó la alcaldesa de Marín, María Ramallo (PP), quien resaltó que está localidad «no perderá ni sus juzgados, ni su partido judicial». Destacó que la corporación municipal siempre se ha mantenido firme en la defensa del mapa judicial, por lo que «valoramos positivamente esta decisión que viene a culminar las alegaciones y gestiones que respecto a este tema se han llevado a cabo».