Es una de las 65 solicitudes de regulación entre industrias y viviendas
23 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La comisión de Urbanismo del Concello de Pontevedra abordó ayer la declaración «de incursión en situación legal de fuera de ordenación» de la nave de la empresa Frigoríficos Mourente S.?L. ubicada en el lugar de Os Campos, en la parroquia de Mourente. Según explicó el concejal de Urbanismo, Antón Louro (PSOE), se trata de una de las 65 solicitudes que en su día recibió el Ayuntamiento para regularizar naves industriales y viviendas construidas en suelo rústico gracias a un proceso extraordinario que impulsó la Xunta en el año 2010 a través de una disposición transitoria de la Lei do Solo. El plazo para acogerse a este trámite administrativo era de dos años y concluyó el 20 de abril del 2012.
En el caso del municipio de Pontevedra, de las 65 solicitudes recabadas la mitad corresponden a naves industriales y la otra mitad a viviendas. Respecto a la petición de legalización de Frigoríficos Mourente, Louro expuso que fue presentada por unas obras realizadas antes del 2003 y por las que no había ningún expediente disciplinario abierto. La edificación tiene actividad como uso industrial y almacén. También se recabó un informe a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), donde consta que no había expediente sancionador contra esta empresa.
Desde la concejalía de Urbanismo se hizo hincapié en que la nave pasa a estar en situación legal de fuera de ordenación, «pero con capacidade para desenvolver a súa actividade». El edil matizó que para cualquier otra actividad distinta de la actual la empresa requerirá una nueva autorización sobre usos permitidos en suelo rústico. Louro añadió que este trámite que se cierra permite «consolidar o emprego» de esta empresa. Se trata de la segunda solicitud que completa el proceso. «O resto están en tramitación, pero levan moito tempo, aínda que están ben encamiñadas», comentó.
En la comisión de Urbanismo de ayer también se acordó solicitar un informe a la asesoría jurídica para que fije los criterios sobre aquellas solicitudes que necesitan ser informadas por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Lo que se busca con esta iniciativa es «dotar de seguridade xurídica aos promotores e aos técnicos privados e salvar a incerteza actual», apuntó el concejal delegado. Louro entiende que la riqueza patrimonial de la ciudad «non pode lastrar a axilidade na tramitación de solicitudes que se presentan ante o Concello». Remachó que en el centro histórico y en el BIC de A Peregrina no hay problema, pero sí en el de Santa María y otros. El debate se retomará en comisión antes de trasladarlo a la Xunta.