Aladro pide un área de la Fiscalía Anticorrupción para casos políticos
PONTEVEDRA
La creación de la delegación es considerada de la mayor «urgencia»
22 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, se ha hecho eco de la petición del fiscal de delitos económicos de crear en la ciudad del Lérez «una delegación especifica de la Fiscalía Anticorrupción». Así consta en la última memoria anual del ministerio público, en la que se refiere que, en la actualidad, se están practicando «investigaciones relativas a asuntos de corrupción política, de las que en este momento no se pueden ofrecer datos».
Es por ello que se considera «de la mayor importancia y urgencia que oficialmente se atribuya (...) desde la Fiscalía General del Estado» a los fiscales del área de delitos económicos «la investigación de los asuntos de corrupción, al menos los de mayor trascendencia». Sería en este marco en el que se encuadraría la nueva delegación.
Y si preocupa en Pontevedra la corrupción política, otro tanto ocurre con los supuestos casos de fraude en las subvenciones y ayudas públicas, cuya investigación también recae en los fiscales adscritos al área de delincuencia económica. De hecho, el número de querellas presentadas el pasado año alcanzó un número significativo. A este respecto, se han detectado «importantes deficiencias en las Administraciones públicas en cuanto al control de la concesión de subvenciones».
Lo cierto es que los datos estadísticos reflejan que de las 26 querellas por presuntos delitos económicos interpuestas el pasado año, cinco se refirieron a fraudes en subvenciones. En total, fueron imputadas una docena de personas a las que se les atribuye el haber desviado más de 3,3 millones de euros.
No obstante, el principal delito económico que se comete en Pontevedra es el que tiene como víctima a la propia Agencia Tributaria. No en vano, solo en el 2013, el ministerio público se querelló contra un total de 58 personas en Pontevedra, mientras que el montante global de lo que habría defraudado a Hacienda presumiblemente superó los cinco millones de euros.
Incendios forestales
Otro de los aspectos que analiza pormenorizadamente la memoria de la Fiscalía es el relativo a los incendios forestales y el urbanismo. Es en este ámbito donde el ministerio público pontevedrés considera que la cifra de agentes de la Guardia Civil adscritos a estos campos de actuación «sigue siendo insuficiente», al tiempo que «son cada vez más las denuncias por prevaricación urbanística».
En cuanto a la Policía Autonómica, se lamenta que, si bien remite «por correo ordinario» los atestados por incendios forestales, no hace lo mismo con «sus denuncias en materia de urbanismo y de patrimonio histórico que dirige a la Xunta». Asimismo, se considera que la colaboración de algunas policías locales «podría ser muy superior (...), sobre todo en ciertas modalidades de delitos contra el medio ambiente (ruidos, vertidos...) y en varias conductas delictivas relacionadas con el urbanismo (desobediencias a las órdenes de paralización de obras), además de los propios delitos contra la ordenación del territorio, especialmente en los municipios costeros».