El derribo del edificio ilegal de Caldas obliga a levantar un protocolo de grietas
PONTEVEDRA
El Concello ha remitido un requerimiento a los colindantes para que permitan el paso y digan si procede alguna medida
26 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El Concello de Caldas sigue con los trámites previos para ejecutar el derribo del edificio ilegal ubicado en el número 57 de la calle Real para dar cumplimiento a una sentencia judicial firme que data del 2005. A la aprobación del proyecto de demolición en el pleno de mañana, que tiene un coste de 180.000 euros, se suman otras gestiones. Según trascendió ayer, el Ayuntamiento, a través de su asesor jurídico, ya ha requerido a la empresa promotora del inmueble para que identique a los actuales titulares. Este trámite se produce tras el fallecimiento, el pasado verano, de José Manuel Campañó, y para conocer si a raíz de la herencia ha habido algún cambio de titular.
Otro paso que ya se ha dado es la identificación de los propietarios colindantes del edificio. En este caso, se les ha trasladado un requerimiento para que permitan el acceso a los técnicos para levantar un protocolo de grietas y para que manifiesten si consideran necesario adoptar algún tipo de cautela especial.
Aunque se había anunciado, operarios municipales no acudirán mañana al inmueble para empezar a realizar los trabajos previos. A preguntas de La Voz, Luis Miguel Campañó Luna, hijo de José Manuel Campañó, no se quiso pronunciar ayer sobre la decisión del Concello de ejecutar ahora el derribo, pendiente desde hace nueve años. En su día, la empresa Promotora Caldense S.?L. construyó el edificio con licencia municipal, un permiso otorgado por la comisión de gobierno del Concello que en el 2002 fue anulado por un primer fallo judicial.
La licencia fue anulada por incumplir la normativa del fondo edificable, ya que se permitieron 21,85 y 32 metros, en lugar de 14 y 24, respectivamente. El inmueble consta de 14 viviendas -cuatro por cada una de las tres plantas, más dos del ático-, bajo comercial y garaje. Está deshabitado.
El caso urbanístico se desencadenó siendo alcalde José María Tobío, pero tras su dimisión lo tuvo que gestionar su sucesor y hoy regidor, Juan Manuel Rey (PSOE). El Concello dilató el derribo y su último argumento fue, a finales del 2013, agarrarse al caso del edificio Conde de Fenosa, de A Coruña, aludiendo a la inejecutabilidad de la sentencia. Rey fue imputado por desobediencia por resistirse a la demolición, y más recientemente, investigado por malversar fondos públicos al pagar dos multas coercitivas con cargo al Concello.