El monte de A Fracha se llena de cruces contra el trazado de la A-57

Serxio Barral Álvarez
Serxio barral PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

Las cruces «A-57 Non» llegaron a lo alto de A  Fracha.
Las cruces «A-57 Non» llegaron a lo alto de A Fracha. Cedida< / span>

Varios colectivos se suman a las alegaciones presentadas por los vecinos

12 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Salvemos A Fracha, el colectivo vecinal que se opone al trazado de la A-57 entre Vilaboa y A Ermida, sembró el monte pontevedrés de cruces para demostrar el impacto que tendrá el proyecto en el medio natural. Fue el pasado fin de semana, en el transcurso de un recorrido vecinal por diversos puntos de Tomeza y Marcón, con el fin de mostrar in situ la incidencia sobre el espacio natural del proyecto que impulsa el Ministerio de Fomento y que cuenta con el plácet del Concello de Pontevedra.

El colectivo denuncia, y así lo hizo constar en las alegaciones presentadas en su día, que el trazado propuesto para la A-57 alterará por completo el entorno natural a escasos kilómetros del centro urbano, ya que supondrá la construcción de taludes de desmonte de hasta 60 metros de altura -el Concello ya ha solicitado que se sustituyan por túneles, pero la petición parece tener escaso eco porque elevaría el coste-, y dejará sin agua a varias fuentes y manantiales, así como acuíferos de uso doméstico. Además, también denuncian efectos irreversibles sobre la flora y la fauna de la zona.

Por otro lado, en los últimos días trascendió que otros colectivos han presentado también alegaciones al proyecto, en la misma línea que las remitidas por Salvemos A Fracha. Es el caso de la Asociación pola Defensa da Ría, de Vaipolorío, de la Sociedade Galega de Historia Natural o de la Asociación do Lobo.

6,5 kilómetros

El proyecto de trazado propuesto por Fomento está todavía en trámite de evaluación ambiental. Afecta a un tramo de 6.500 metros entre el límite de Pontevedra con Vilaboa y el alto de A Ermida, afectando casi por completo al monte de A Fracha. El proyecto está presupuestado en cerca de 90 millones de euros, de los que algo más de 3,5 se destinan al pago de expropiaciones.

Los vecinos denuncian que la fase de expropiaciones se inició antes incluso de la exposición al público del trazado.