Imputado el gerente del Chop en un caso de prevaricación y acoso laboral

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA CIUDAD

González, ayer, al abandonar los juzgados de A Parda.
González, ayer, al abandonar los juzgados de A Parda. ramón leiro< / span>

José Manuel González declaró ayer en los juzgados de A Parda

23 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

«Las declaraciones ya las hice donde las tenía que hacer». Esta decena de palabras fueron las únicas que pronunció ayer el gerente del Complejo Hospitalario de Pontevedra tras prestar declaración ante la jueza de instrucción en una causa que se sigue por la supuesta comisión de dos delitos de prevaricación y un tercero de acoso laboral.

José Manuel González Álvarez, quien declinó amablemente realizar declaraciones, tenía previsto llegar a los juzgados pontevedreses de A Parda a las diez de la mañana y no abandonó el edificio judicial hasta pasadas las dos y media de la tarde. Durante este tiempo, no solo prestó declaración él, sino que también lo hicieron los otros imputados en este procedimiento: el director médico y el jefe de servicio de digestivo, ambos también del Chop.

Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia precisaron que, por el momento, no hay «imputaciones individualizadas». Esto es, «no se puede entender que a los tres se les imputen los tres delitos».

Su comparecencia como imputados vendría a garantizar una mayor seguridad jurídica para los tres profesionales, ya que pudieron comparecer ante la jueza asesorados por un abogado.

Esta causa tiene su origen en una denuncia del 2013 interpuesta por el anterior jefe de digestivo, Enrique Vázquez Astray, después de que este hubiera ganado un contencioso en los tribunales. En el 2012, una sentencia que fue ratificada por el TSXG no solo anuló su cese como jefe de este servicio, sino que vio «mala fe» en la decisión de la Xerencia. Y es que Vázquez Astray llevaba una década en el puesto y, aparentemente, mantenía una serie de discrepancias con la dirección sobre cómo se debería gestionar el servicio.

Inicialmente se estimó que la causa se había abierto por un presunto delito contra la integridad moral, si bien ayer el TSXG precisó que fue por los de prevaricación y acoso laboral.