El Concello de Sanxenxo está a la espera de la decisión judicial
22 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El futuro del inmueble de viviendas ilegal de la calle Progreso -el polémico bloque B-, en Sanxenxo, está pendiente de una resolución judicial que podría permitir su legalización. Esta es la razón que llevó al Ayuntamiento a paralizar el proceso de derribo del inmueble, que tenía ya fecha de celebración el pasado día 30 de marzo y que iba a ejecutar el Concello.
Los promotores y los técnicos afectados pidieron al Ayuntamiento sanxenxino la legalización de esta obra, amparándose en una de las modificaciones puntuales del Plan de Urbanismo, la número dos. La decisión definitiva, sobre esta solicitud, sin embargo, no le corresponde al Ayuntamiento, dado que el expediente de este edificio ha tenido una larga historia en los tribunales que remató con la sentencia donde se ratificó su ilegalidad y se ordenó su demolición. Ante estos antecedentes y también ante la nueva petición, el Concello remitió la solicitud al juez y ahora está pendiente de la resolución por parte de la sala de lo contencioso sobre este particular. Esto es lo que explicó la concejala de Urbanismo, la popular María Deza, ante una pregunta del edil socialista José Buezas, al respecto.
Buezas se mostró partidario de que se pueda dar una solución a este edificio y que no suponga perjuicios a los propietarios, por lo que apoya la decisión de intentar evitar el derribo. «Os veciños non teñen que pagar polos erros cometidos polos políticos ou por técnicos», manifestó el concejal sanxenxino.