Pontevedra podría resarcirse con la nueva reforma judicial de la pérdida de capitalidad que supusieron la segregación de la Audiencia y la bicefalia de sedes de la Xunta
14 abr 2014 . Actualizado a las 12:52 h.Hace casi 16 años de aquella histórica manifestación del 5-J que vivió Pontevedra. Fue un gesto espectacular. Tanto por la catarsis social que mostró como por el resultado político que después se dedujo. Juan Luis Pedrosa (ahora director general de Marina Mercante) era el alcalde de Pontevedra. Vio claro que el PP también debía estar tras la pancarta pero Fraga se lo prohibió. Error de cálculo garrafal de don Manuel. Meses después, el centro derecha perdió la alcaldía que le arrebató la coalición de izquierda y nacionalistas. Una situación que ha persistido durante estos cuatro mandatos casi completados.
Aquel 5-J se montó por un cúmulo de reivindicaciones. De todas ellas, se logró evitar que se instalase la empacadora de basuras en Vilaboa. El resto permanecen como demandas insatisfechas. Por ejemplo, la circunvalación o un hospital de primer nivel. Pero viene a cuento recordar que la mecha que prendió aquel incendio social y político fue la segregación de la Audiencia Provincial.
Rememoremos que en 1998 la creación de salas en Vigo se sintió en Pontevedra como una cuchillada que se le propinaba a la condición de capitalidad.
Fue un Gobierno del PP, presidido por José María Aznar y con Margarita Mariscal de Gante como ministra de Justicia, el que decidió aquella segregación de salas que benefició a Vigo. Como a Santiago respecto a A Coruña y a Gijón con relación a Oviedo. Se dijo entonces que Francisco Álvarez Cascos, que era vicepresidente del Gobierno y secretario general (o general secretario) del PP, fue quien influyó en que el consejo de ministros tomase aquel acuerdo para congraciarse con sus paisanos gijoneses.
Tres lustros después, otro Gobierno del PP, ahora presidido por Mariano Rajoy y con Alberto Ruiz-Gallardón como (polémico) ministro de Justicia, plantea la reforma de la misma ley que posibilitó aquella segregación. Formula la supresión del actual modelo de partidos judiciales, propenso al minifundismo. Solo en esta provincia tenemos 14 comarcas judiciales.
La propuesta del ministro ha sido encarada por muchos municipios en Galicia y en España como una agresión en primer grado. No para Pontevedra, ya que el modelo que se propone premia a las capitales de provincia, que serían sede principal de la nueva organización judicial.
Vigo, ultrajada
Por tanto, con respecto a la situación de hace casi 16 años, se da vuelta a la tortilla. Ahora es Vigo quien se considera ultrajada y ese va a ser el problema para Pontevedra. Una vez más.
Abel Caballero se ha puesto al frente de la revuelta. Al banderín de enganche se suben todos, desde el PP hasta el BNG, pasando por jueces y abogados de la ciudad olívica; la CEP, teórica patronal provincial; y hasta la Xunta. Les recluta para un propósito: reclamar tratamiento de cabecera judicial, en exclusiva para Vigo. Y si acaso no quedara otro remedio, compartida con Pontevedra. Cualquier otra posibilidad, le resulta inaceptable. La ejecutiva provincial del PSOE (que lidera Santos Héctor, concejal vigués a las órdenes de Abel), recién reunida en Pontevedra, hace suyo el discurso del alcalde olívico. A costa de asfixiar a los socialistas de la capital.
También la Xunta de Galicia está preocupada por las consecuencias que tendría el anteproyecto de Gallardón si llega a materializarse. Feijoo, que cuando se trata de Vigo siempre piensa en verde -como en el anuncio de la cerveza-, sabe que un asunto así desgastaría más al PP en la mayor ciudad de la comunidad y de la que el presidente es vecino (ahora ocasional).
No debemos olvidar que fue él quien implantó el modelo de bicefalia administrativa de la Xunta (única provincia gallega con dos delegaciones territoriales). Y pese a la necesidad de ahorro del gasto público, no se ha apeado de tal dualidad.
Correctos o blanditos
Frente a esta oleada de reacciones, en cambio, en la ciudad de Pontevedra me llama la atención cómo han salido los portavoces del gobierno bipartito. Lores y Louro han querido aparentar correctos y resultaron blanditos. Critican a Gallardón; lamentan el alejamiento de las sedes judiciales y congenian con los municipios afectados. Podría ser una reacción señorial. Pero también ingenua. O cínica.
Me resulta más creíble Jacobo Moreira. El jefe de la oposición (de profesión, abogado) sí admitió, sin rubor, que el nuevo mapa judicial beneficiaría a Pontevedra. Pero también pisa arenas movedizas porque también en su partido hay discurso híbridos.
En este asunto de la defensa de la capitalidad hay que aprender de lecciones pasadas. No se trata de instalarse en una cerril defensa de un statu quo decimonónico. Tampoco de atrincherarse en la pose PTV tan rancia como vacía. Simplemente hay que asumir que la Administración pública es el principal empleador local. Más del 30 % de los sueldos que entran en hogares de la capital son de funcionarios. Es el ADN local.