El PP recrimina el retraso del edificio de A Parda y Lores culpa a Santiago
10 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón (PP), de diseñar un nuevo mapa judicial que elimina buena parte de los partidos judiciales sirvió ayer de base para un nuevo capítulo de un viejo enfrentamiento Concello-Xunta: el futuro edificio judicial de A Parda.
El portavoz del PP local, Jacobo Moreira, aprovechó la polémica para recriminar al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), que el Concello todavía no haya puesto a disposición de la Xunta los terrenos para construir dicha infraestructura. «Esa debería de ser -indicó el portavoz de la oposición- la primera preocupación de Fernández Lores en materia de Justicia», ya que en su opinión el nuevo edificio «es vital» para la ciudad.
La respuesta del alcalde no se hizo esperar. «É incrible que a estas alturas sigan con ese discurso», señaló Lores, que recordó que la Xunta tiene a su disposición los terrenos «dende hai moitos meses». Es «público e notorio», insistió, que el Concello afrontó en octubre del 2012 las expropiaciones y que pagó por ellas más de 1,3 millones de euros «de todos os cidadáns de Pontevedra» para obtener el suelo que demanda la Xunta.
¿Qué sucede entonces para que no se hayan iniciado las obras? Lores admitió que los terrenos están en trámite de registro, y también que existen problemas con dos parcelas que el Concello no puede inscribir a su nombre porque ya fueron expropiadas en su día por Renfe. Pero se trata, explicó el alcalde, de un asunto «menor», de terrenos «colaterais» que no afectan a la obra del edificio judicial sino por la urbanización del entorno. Por lo tanto, para Lores la verdadera razón del retraso de la obra es «a vontade reiterada da Xunta de non investir en Pontevedra».
Sin licencia
Y en previsión de que la Xunta o Moreira respondan, como ya se hizo en otras ocasiones, que no se puede encargar el proyecto si no dispone de la totalidad de los terrenos, Lores recordó que la segunda fase de la ampliación del hospital Montecelo se hizo «sen licenza municipal», o que la Xunta ejecutó la ampliación de la carretera de O Marco pese a existir un recurso judicial del Concello sin resolver.
A mayores, y al margen de peleas políticas, ayer trascendió que en la última semana técnicos de la Xunta acompañaron a homólogos municipales en una inspección de los terrenos, con lo que una vez más los tiempos administrativos parecen ir por delante de las disputas de los políticos.