Cree que «los localismos» es el principal escollo de la planta judicial
08 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Tras conocer el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que presentó este viernes el titular de la cartera de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al Consejo de Ministros, Miguel Aramburu asume que puede ser el último decano de los jueces de Pontevedra: «No siento nada especial. Independientemente de que eso a mí no me afecta, creo que lo que tiene la reforma en cuanto a la supresión de los decanos, aunque sea integrándolos en los tribunales de instancia, es el trasfondo de quién elegirá a los presidentes de estos tribunales».
-¿En qué diferirá esta elección con la forma en la que se designan a los decanos?
-La diferencia está en que todos los decanos de España son elegidos democráticamente entre los jueces de una demarcación, mientras que el sistema que está en el anteproyecto determina que sean elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Esto es algo que me preocupa.
-¿La del decano es una figura tan molesta para el Gobierno?
-Puede ser. Los decanos representamos a los jueces de una determinada demarcación y en ciudades muy grandes, como pueden ser Madrid o Barcelona, sí que son unos altavoces del sentir de los jueces. En ocasiones, pueden ser molestos.
-¿Qué puede significar esta reforma en Pontevedra?
-Si va adelante en los términos que quiere el ministerio va a significar que aquí tiene que haber muchos más juzgados que los existentes ahora. ¿Cuantos? No lo sé. Habría que ver toda la planta, qué objetivos se busca, en cuántos partidos se dividiría la provincia, que, en principio, parece que tendría que haber dos, uno en Pontevedra y otro en Vigo. Eso significaría que, en lugar de 23 juzgados, tendría que haber el doble o más, incluso.
-En la actualidad, no habría espacio material...
-No. La reforma suprimiría como tal a la Audiencia y lo lógico sería integrar todo en un edificio. Aunque habría que verlo, no habría espacio material. Si es tal cual se prevé, se suprimirán los juzgados de pueblo, caso de los de Marín, los de Caldas, los de Vilagarcía... y se integrarían aquí. Tendríamos que asumir estas plantillas, si es que va para adelante, claro, que ya veremos.
-¿Tiene dudas de que sea aprobada en los términos actuales?
-Creo que no va a dar tiempo. Es una ley muy larga. Si la actual tiene más de quinientos artículos, esta debe tener por ahí. Son casi trescientos folios y el trámite en el Parlamento es muy largo. Creo que no va a dar tiempo en dos años de legislatura, salvo que el partido en el poder y el ministerio se pongan las pilas y lo quieran sacar sí o sí.
-Aludía a que el anteproyecto aborda la demarcación judicial, que es una cuestión que se lleva años arrastrando. ¿Qué problema hay para no sacar adelante una nueva planta judicial?
-Los localismos. La planta judicial hay que reformarla. No tiene sentido que haya juzgados en sitios pequeños. Lo mismo que los hospitales están en grandes poblaciones, los juzgados es razonable que estén centralizados. El problema es tomar la decisión de suprimir todos los juzgados que, de alguna manera, son de pueblo. Eso tiene un coste político para quien tome esa decisión. No hay voluntad para que el señor que esté en el Gobierno se enfrente a los alcaldes, que dicen que su pueblos son importantes porque tienen juzgado. Si un pueblo es importante porque tiene o no juzgado...
-Sobre todo, teniendo en cuenta las actuales vías de comunicación que existen.
-Recuerdo hace treinta años, cuando estudié derecho administrativo, que la distribución territorial venía inspirada por el modelo francés y la idea era que hubiera una administración que permitiera hacer gestiones, que era el Ayuntamiento, en la misma mañana. Eso en el siglo XXI permitiría, incluso, que cualquiera de nosotros pudiera ir a Santiago y volver en el mismo día. No se trata de defender esto, sino de que se tenga en cuenta que las vías de comunicación nos permiten acercarnos a cualquier lugar muy rápidamente. Al ciudadano de Marín, y pongo este ejemplo para que nadie se soliviante porque es el juzgado más cercano a Pontevedra, les es muy cómodo tener juzgado, pero quizás al señor de Bueu le es indiferente venir aquí. Son diez minutos más de coche. O al señor de Soutomaior o Arcade que ahora tienen que ir a Redondela, venir a Pontevedra la distancia es muy parecida. A alguien le molestará esto. Además de que la gran mayoría de los ciudadanos en su vida van al juzgado o van una vez o dos.
-Algunas voces alertan que todos estos cambios buscan desmantelar el sistema judicial, ¿es tan grave la situación?
-Es muy preocupante. La sensación que tengo es que los jueces y, en general, el poder judicial es incómodo y hay que reducir su independencia. El CGPJ se parece más a una dirección general del Ministerio de Justicia que al órgano que constitucionalmente está diseñado. Y en esta ley parece que van por ahí los tiros.
-¿No hay separación de poderes?
-Tan absolutamente no se puede decir, pero sí que hay cuestiones que afectan al día a día de la función jurisdiccional y en las que se perciben la preponderancia del poder ejecutivo sobre los demás poderes, en este caso, el judicial.
Miguel ARAmburu decano de los jueces de Pontevedra
«La sensación es que los jueces son muy incómodos y hay que reducir su independencia»
«La reforma suprimiría como tal la Audiencia y los juzgados de pueblo»