El alcalde, arropado por los concejales del bipartito, aseguró que la corporación está legitimada para levantar reparos
02 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Veinticuatro horas después de trascender la denuncia de la Fiscalía de Pontevedra contra el gobierno local de Poio por la polémica de las facturas, los concejales del BNG y PSOE defendieron ayer la gestión económica del Concello. Si el alcalde Luciano Sobral subrayó que la previsión es terminar el 2014 «cunha débeda viva 6,8 millóns», el concejal Xulio Barreiro insistió en que no existen deudas con proveedores más allá de las que puedan haberse producido en los últimos treinta días.
Sobral reconoció, en todo caso, que existieron «gastos que houbo que acometer sen ter a partida presupuestaria previa», pero matizó que están «o cen por cen deles xustificados, recoñecidos». Asimismo, dejó claro que el proceso que se siguió para levantar los reparos de la interventora municipal «está recoñecido pola propia lei (...). Está establecido na propia norma e é algo ao que os concellos, non só o de Poio, nos acollemos».
Sobral explicó que esta situación es consecuencia de «unha caída drastica, pola crise, de ingresos». En este punto, y de cara a ajustar la economía municipal a los parámetros establecidos por la Administración central, el regidor precisó que se podría haber optado por «unha rebaixa drástica», lo que, sin embargo, tendría repercusiones y redundaría «no peche de moitos servizos que o Concello presta».
El alcalde ubicó la denuncia del PP que dio pie a esta investigación en una confrontación política, mientras que la teniente alcalde de Poio, la socialista Consuelo Besada insistió que siempre se buscó «reducir gasto» sin que los vecinos «sufriran os recortes do Goberno do Estado».