El fiscal denuncia al gobierno de Poio por el caso de las facturas
PONTEVEDRA CIUDAD
Será el juez de instrucción quien determine si se imputa a algún cargo
01 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Las diligencias informativas que abrió la Fiscalía de Pontevedra meses atrás por unas supuestas irregularidades económicas en el Concello de Poio han derivado en la interposición, por parte del ministerio público, de «una denuncia genérica», en palabras del fiscal jefe, contra los integrantes del gobierno local. Juan Carlos Aladro confirmó ayer que la judicialización se formalizó hace escasos días, al tiempo que señaló que se está a la espera de que el decanato designe al juzgado de instrucción que asumirá esta causa.
Será entonces cuando el titular del organismo en el que recaiga la demanda deberá concretar si la acepta o la inadmite. Colateralmente, el hecho de que una denuncia de estas características sea aceptada por un juzgado abre la puerta a que se pueda personar una acusación popular al procedimiento.
En todo caso, por el momento, no hay ningún cargo público imputado, ya que esta decisión le corresponde tomarla al magistrado instructor a instancia de alguna de las partes personadas. De igual modo, Juan Carlos Aladro evitó desvelar qué diligencias ha solicitado en su denuncia o si en alguna de ellas se interesa la toma de declaración en calidad de imputado de alguno de los miembros del bipartito de Poio.
No hay que olvidar que fue una denuncia del PP la que dio origen a este asunto. Fue el pasado noviembre cuando el portavoz popular, Ángel Moldes, trasladó sus sospechas a la Fiscalía de que tanto el alcalde Luciano Sobral como otros concejales del equipo de gobierno podrían estar vulnerando «gravemente la legislación vigente en materia de gasto público».
Entre otras cuestiones, se reseñaba que se estaría obviando el procedimiento de contratación, así como se «abonan gastos por servicios y suministros no contratados por el Concello» y «vulneran el techo de gasto en cada ejercicio». Además, Moldes sostenía que se omitiría «reiteradamente el procedimiento legal en materia de comprometer gastos, contratando con diversos proveedores, pese a la inexistencia de crédito para afrontar el pago de lo contratado», las polémicas facturas.
Para reforzar estas afirmaciones, los populares adjuntaron una serie de informes «de reparo» de la interventora de Poio «con relación ás facturas sen crédito para as cales se procedeu a propoñer a realización de distintas modificacións orzamentarias mediante crédito extraordinario». En estos documentos ya se advierte de las consecuencias de acordar un levantamiento del reparo: «No caso de seguir a incumprir o disposto por esta Intervención nos seus informes de fiscalización semanais de facturas con relación a autorizar gastos sen existir crédito suficiente e adecuado, se advirte unha vez máis das responsabilidades nas que incorrerán os ordeadores dos gastos».
Luciano Sobral nunca ha ocultado la realidad de estos informes, pero siempre ha defendido que el gobierno local ha actuado dentro de la legalidad y en pro de los vecinos.