Los locales están arrendados por el empresario y diputado popular Severino Rivera, quien estaría abonando 15 euros por metro cuadrado cuando el precio de mercado es de 12 o 13 euros; la Fiscalía pretende aclarar si existe un sobreprecio
12 mar 2014 . Actualizado a las 09:41 h.Un supuesto sobreprecio de dos o tres euros por metro cuadrado en el abono del alquiler de unos bajos comerciales en el entorno de Teixugueiras, en Vigo, parece situarse en el epicentro de la investigación que tiene abierta el fiscal de delitos económicos de Pontevedra sobre el presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra y su mujer. Al parecer, fue una denuncia anónima presentada en Santiago la que ha dado pie a estas diligencias por las que, de hecho, esta mañana, Rafael Louzán y su esposa acudieron a declarar a la sede judicial de A Parda.
La Fiscalía guarda un mutismo absoluto sobre unas pesquisas en las que estarían cooperando tanto la Guardia Civil como la Agencia Tributaria. En cualquier caso, el presidente quiso dejar claro que el caso guarda relación con su ámbito privado y que no tiene ninguna relación con sus responsabilidades públicas. De hecho, Rafael Louzán compareció ante los medios de comunicación pasadas la una y media para explicar que se trata "de unha cuestión privada", fruto de una «denuncia anónima».
Sobreprecio en unos bajos
Lo que estaría investigando el fiscal es un sobreprecio en unos bajos que son propiedad de Louzán y su mujer, y que figuran en su declaración voluntaria de bienes y derechos patrimoniales. El matrimonio arrendó los inmuebles al empresario y diputado popular Severino Reguera en el año 2007 para la instalación de un centro de ocio infantil, una cafetería y una panadería. Reguera tiene negocios similares en Cambados, A Illa, Pontevedra... El precio de alquiler quedó establecido en el contrato en 15 euros el metro cuadrado, cuando el precio de mercado, según la denuncia anónima, estaría entre los 12 y 13 euros el metro. La Fiscalía pretende aclarar si hubo un sobreprecio en este negocio.
Por su parte, el presidente de la Diputación insistió en que todo lo relacionado con esos alquileres está en regla, tanto la firma de los contratos (gestionados por una asesoría), como el pago de los respectivos impuestos y tasas. Y dejó claro que si se arrendó a ese precio fue por una cuestión de mercado y que si se personó en los juzgados de A Parda para declarar fue en buena medida para ver la denuncia anónima que dio pie al caso. «A Fiscalía quería ver os pagos e os documentos relativos a Facenda», dijo Louzán, que aseguró que «se aportou toda a información».
Louzán y su mujer comparecieron en calidad de investigados, y no de imputados, una figura procesal previa que se establece para aclarar si hay algo susceptible de derivar en un proceso judicial. El ministerio público ha decidido que las indagaciones proseguirán, al menos, un par de semanas antes de decidir si se judicializa o no el caso. Un extremo al que también hizo referencia Louzán. «Se está analizando esa información. Non é de agora, é unha información de hai tempo»', dijo en referencia a la denuncia anónima, que dataría del 11 de marzo del 2013, hace hoy exactamente un año. «É decisión do corpo de fiscais de Pontevedra se se archiva ou non», aseguró, antes de apuntar que «parece ser que van tomar unha decisión rápida»'.