Si el rechazo social iba a ser el único obstáculo que Ence no podía contrarrestar con su capacidad de gestión, parece claro que la respuesta obtenida por la Plataforma 2018 en su primer llamamiento (alrededor de un millar de manifestantes), no presagia un clima ciudadano tan adverso a la continuidad del complejo de Lourizán como hace 15 años.
El gobierno municipal pontevedrés, las direcciones de los dos partidos políticos que lo sustentan y la APDR, saben en su fuero interno que tuvieron una raquítica capacidad de convocatoria. Y el frío reinante, la hora y el día no valen como excusa porque en peores condiciones hubo otras manifestaciones mucho más concurridas.
¿Qué sucede, por tanto? ¿Qué ha cambiado? El escenario social de la Pontevedra de finales del 2013 no es el de 1999, cuando hasta el PP se apuntó a la teoría del traslado. Como ya comenté en esta misma columna, una tasa de paro del 26 % en el municipio difícilmente genera un caldo de cultivo propicio a respaldar que sea erradicada una industria que genera el 30 % del PIB local, entre empleo directo, indirecto, contratas, transportes...
Si la cúpula de Ence está más aliviada, ya no les digo Feijoo y el PP. El presidente de la Xunta solo necesita una excusa para explicar el inevitable incumplimiento electoral que va a cometer tolerando la permanencia de la pastera.