Un conocido abogado pontevedrés se encuentra inmerso en un laberinto burocrático para tratar de que una de sus clientas no ingrese en prisión al revocársele la libertad provisional de la que estaba gozando. Y todo porque, según los distintos recursos interpuestos, los tribunales condenaron a la pontevedresa por un delito que, al parecer, había cometido su hermana.

La pesadilla comenzó en junio del 2012, cuando un juez condenó a Rebeca A.S.M. por hurto, atentado y contra la seguridad del tráfico por unos hechos ocurridos en diciembre del 2010. Meses antes le habían suspendido una condena anterior, de tres años, a condición de que no delinquiese por idéntico período de tiempo.

El problema es que, según sostiene su representante legal, su hermana la suplantó tanto en el delito como a la hora de personarse en la vista oral. En uno de sus escritos, de hecho, manifiesta que «mi representada no estuvo nunca detenida en Comisaría por los hechos en que se fundamenta esta causa (...). Es la víctima de su hermana».

Lo que más trae de cabeza al abogado no solo es demostrar la inocencia de su clienta, sino lo fácil que esto sería si hubiese voluntad por parte de los magistrados encargados del caso. Entiende que una mera comprobación, «que no llevaría más de quince minutos», pondría fin al calvario de Rebeca.

Así, mantiene que un simple cotejo de las huellas dactilares de la pontevedresa y el mero visionado del vídeo del juicio demostrarían que esta no estuvo, en ningún momento, en ninguno de ambos escenarios.