El Juzgado excluye a la Autoridad Portuaria de la emisión de los recibos
20 sep 2012 . Actualizado a las 06:55 h.El suministro del agua al puerto y el derecho a cobrar los recibos ha avivado en los Juzgados de lo contencioso la guerra soterrada entre Pontevedra y Marín. Una docena de pleitos favorables a las tesis portuarias y contrarias a las aspiraciones pontevedresas sobre los recibos ha dado oxígeno a Marín para intentar zanjar la cuestión consolidándose como el único Concello al que se le abonen las liquidaciones por el agua del recinto. Además, Marín ha saldado todas sus deudas con el Concello capitalino.
Desde hace años el recinto del puerto recibe el agua desde la red de Marín, que a su vez la percibe del Lérez en una gran proporción. La Autoridad Portuaria facturaba el consumo a las empresas y le ingresaba a Marín esa recaudación como entidad suministradora. Esta operación le es ventajosa al puerto porque es más barato que desde la vecina Pontevedra.
El Concello capitalino recurrió esta práctica, lo que ha generado 25 pleitos en los juzgados, correspondientes a los recibos de cada trimestre. En sus primeros pleitos, el juez falló a favor de la Autoridad Portuaria y en contra de Pontevedra, pero matizó que el ente estatal no puede seguir siendo el emisor de los recibos y perceptor de sus liquidaciones. Es decir, el Puerto tiene que apartarse del papel de cobrador entre empresas y la Administración local. Y ahí está la cruz de la cuestión.
Pontevedra y Marín discrepan sobre quién tiene los derechos para cobrar ese agua a las empresas y la cuestión puede derivar en negociaciones para resolver el conflicto o en nuevos contenciosos que lo eternicen. La Xunta, responsable de decidir si parte el puerto en dos municipios como terrenos ganados al mar y, en caso de hacerlo por dónde, no se ha mojado en más de diez años y no parece que lo vaya a hacer ahora.
La alcaldesa de Marín, la popular María Ramallo explicó que, desde el punto de vista de los recibos se debe considerar al puerto como «una unidad administrativa«. También entiende que «todas las empresas deben pagar lo mismo independientemente de dónde estén situadas» dentro del recinto y que se rijan «por una misma ordenanza». Y Marín entiende que es el Concello capacitado para hacerlo, por lo que el próximo trimestre cursará los recibos a las empresas. El problema es que Pontevedra previsiblemente también lo hará y en el horizonte se avistan nuevos conflictos judiciales.