Tras la reciente operación de la Policía Local desmantelando un club de cultivo de marihuana ubicado en la zona monumental de Pontevedra, ayer trascendió que la Fiscalía tiene órdenes de estrechar el control sobre este tipo de colectivos. La medida es consecuencia de la última junta general de la Fiscalía Antidroga, que se celebró en Bilbao y en la que se concluyó que «el cultivo de cualquier planta con efectos tóxicos, estupefacientes o psicotrópicos, como el cannabis, está sometido a un estricto sistema legal de autorización y control por el Ministerio de Sanidad, con el exclusivo fin de obtener las sustancias necesarias para la industria farmacéutica».

De este modo, se establece que «cualquier otra forma de cultivo que no cumpla dichos requisitos queda incluida en la previsión de los artículos» del Código Penal relativos a los delitos contra la salud pública en la modalidad de cultivo, elaboración o tráfico de drogas.

A la hora de abordar el control sobre colectivos como la Asociación Pontevedresa de Estudios del Kannabis (APEK) -cuyo responsable declinó ayer realizar cualquier valoración sobre lo ocurrido-, el ministerio público deberá focalizar su intervención en dos vertientes. Por un lado, vigilar el contenido de los estatutos que les rigen. Se trata de una acción que, según reconoce el propio fiscal general del Estado, no suele dar resultados positivos, toda vez que suelen estar escritos de manera que no se aprecia «la existencia de delito puesto que, normalmente, su contenido alude a la legalidad vigente».

Una segunda vía es la que comprende un trabajo más activo y que compromete a las fuerzas policiales. El objetivo, verificar que la actividad que lleva a cabo el colectivo no se sale de la legalidad vigente. Así, los responsables del local «no podrán realizar actos de cultivo o comercialización sin someterse a los requisitos establecidos en la Ley de Estupefacientes».

El consumo compartido

Existe, no obstante, el temor de que en algunas de estas asociaciones terminen produciéndose hechos delictivos bajo la cobertura de los derechos de asociación y de libertad de expresión.

El consumo compartido es uno de los argumentos que estos clubes aducen para defender su existencia. Sostienen, grosso modo, que el acceso a los locales es restringido, que sus socios son mayores de edad, que no hay beneficio económico y que cultivan para autoconsumo.

Sin embargo, el ministerio público no comparte esta última apreciación. Las fuentes consultadas precisaron que el Supremo alude al consumo compartido cuando habla de «un grupo pequeño de personas, de no más de tres o cuatro», mientras que recordaron que en el caso de las asociaciones cannábicas pueden juntarse decenas de personas.