Imagen:La denuncia sobre Ence pretende recuperar el espacio original, sin fábrica ni autovía ni depuradora.

El látigo del urbanismo en la costa

Salvemos Pontevedra lleva más de una veintena de denuncias en solo ocho años


pontevedra / la voz

«Nuestro espíritu es ser contrapunto sin entrar en guerras de alardes». Con esta declaración de intenciones, Francisco Díaz Sánchez (Lugo, 1944) presentaba públicamente a finales del año 2003 la asociación Salvemos Pontevedra (SP), un colectivo social y apolítico que ha acabado por convertirse en el látigo del urbanismo en la costa gallega y de las Administraciones que lo regulan.

Con la Ley de Costas en una mano, pero no con el Plan de Ordenación do Litoral (POL) en la otra, combaten desde hace ocho años cualquier actuación nueva o pasada que, en su opinión, pueda infringir la legalidad vigente. Díaz rechaza el POL porque «se basa en un decreto anterior, el 158/2005, que está pendiente de un hilo», dice, refiriéndose a otro pleito emprendido por el «intento de usurpar por parte de la Xunta competencias de la Ley de Costas».

Paradójicamente, sus enemigos más frecuentes a batir son las propias Administraciones públicas que, en buena ley, deberían ser las garantes de preservar el buen uso del dominio público marítimo-terrestre. Pero, por lo que dictan los tribunales, no parece que siempre esté siendo así. Al propio Ministerio de Medio Ambiente se le han sonrrojado sus mejillas al menos en dos ocasiones por «culpa» de la asociación fundada por Francisco Díaz. La última, con la reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre la situación administrativa de los terrenos que ocupa la factoría Ence en las antiguas marismas de Lourizán.

La ex conselleira de Pesca Carmen Gallego también fue objetivo de su diana a causa de los metros en los que la vivienda de su entonces marido se adentra en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, o la ex jefa provincial de Costas, Cristina Paz Curbera, por igual motivo. El ex alcalde de Sanxenxo y actual portavoz municipal del PP en Pontevedra, Telmo Martín, también inspiró más de un recurso, tanto como regidor de la localidad más turística de Galicia como por su faceta de socio de la promotora pontevedresa Construcuatro. Pleitos en los que también tuvieron algo que ver algunas resoluciones del ex conselleiro de Pesca Enrique López Veiga.

Con mayor o menor éxito, todos ellos han sido expuestos, siempre primero ante la propia Administración o en su defecto ante los tribunales, por supuestas irregularidades urbanísticas en la costa. «Espero que aprendan algo de las consecuencias del silencio administrativo», dice Díaz, que se confiesa cansado de terminar siempre ante los tribunales por la inacción de la vía administrativa.

La antigua marisma

En la ejecutiva de Salvemos Pontevedra, en la que además de Díaz Sánchez se sientan también Fabián Estévez, Jesús López, Pilar Taboada y Edelmiro Domínguez, entre otros, se han empeñado en recuperar la antigua marisma de Lourizán, al margen del propio Ayuntamiento pontevedrés, que siguiendo su propia estrategia se desmarcó del pleito con el que el colectivo quiere lograr este objetivo. Por ello, Ence no es ni mucho menos la única pieza de este puzle. También lo son la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar), el emisario submarino, la autovía de Marín, la proyectada variante, y el supernudo en tres niveles, que, probablemente, también les acabará enfrentando en los tribunales con el Ministerio de Fomento.

Los llamados núcleos de litoral, un problema urbanístico de primer orden que se concentra sobre todo en Marín, Vilaboa y A Illa de Arousa, o el plan acuícola que también impulsó Gallego, se han topado con SP.

Paradójicamente, sus enemigos más frecuentes son las propias Administraciones

«La Xunta de Galicia siempre intentan usurpar competencias de la Ley de Costas»

«Espero que aprendan algo de las consecuencias del silencio administrativo»

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