El BNG exige que se cumpla el pacto sobre los núcleos costeros


20/02/2010 02:00 h

La parlamentaria del BNG en el Congreso, Olaia Fernández, inició una nueva ofensiva política para exigir al Gobierno central que cumpla sus compromisos sobre los núcleos del litoral de Marín. La dirigente nacionalista presentó una iniciativa en el Congreso para que se regularicen de una vez y de forma definitiva estas poblaciones costeras históricas. Fernández recordó que el pasado 30 de septiembre, en la comisión de Medio Ambiente del Congreso se aprobó una proposición no de ley para buscar una solución a los núcleos cuestionados. La solución adoptada implica la incoación de un nuevo deslinde en Marín.

En ese trámite se admitirían «cuantos informes, estudios y alegaciones sean precisas» que sirviesen para poder aplicar a los núcleos costeros la disposición transitoria de la Ley de Costas. Esta medida afecta a la barriada de Pérez Crespo de Mogor, Loira, Aguete, A Teoira y Casás.

Davila apuntó que le consta que los responsables de Costas advirtieron de que será muy difícil resolver el problema. Esta situación afecta a las casas en los núcleos singulares del litoral, que no fueron reconocidos como urbanos cuando entró en vigor la Ley de Costas de 1988.

Error administrativo

La dirigente nacionalista insistió en que, según estas informaciones estatales, Costas solo estaría dispuesta a reconocer como núcleos urbanos a los que contasen con todas las características y servicios urbanos. También admitiría aquellos casos en que el reconocimiento se haga por sentencia judicial.

La diputada del BNG resaltó que el problema existente en los núcleos de Marín se debe a «erros administrativos» en la clasificación urbanística de estas zonas en su momento y a que no se subsanó el error antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas.

Por estas razones, tanto Davila como el Bloque marinense han defendido siempre que los vecinos no deben pagar las consecuencias de un fallo que solo puede ser atribuible a una Administración pública.

Como resultado de este estado de inseguridad jurídica, los vecinos de estos cinco núcleos se encuentran con importantes limitaciones a la hora de realizar reformas, rehabilitaciones e incluso vender sus propiedades.

Fernández manifestó que el acuerdo adoptado en septiembre en el Congreso repararía este estado de cosas y pidió que se clasifique a estas cinco zonas como suelo urbano.

Pendiente de respuesta

Ante el paso del tiempo y la falta de respuesta concreta por parte de Costas, Davila ha pedido al Gobierno que aclare qué pasos ha dado para cumplir el pacto de septiembre. También preguntó si la solución que se propuso para Marín, consensuada por todos los grupos políticos estatales, podría servir para otras poblaciones gallegas afectadas por el mismo problema. Por ultimo, inquirió cuáles son las medidas para evitar la inseguridad jurídica de las viviendas.

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