El Govern responde que es el responsable. Rajoy emplaza a Mas a «recuperar la cordura» y a negociar, «dentro de la ley», a partir del lunes
09 nov 2014 . Actualizado a las 01:24 h.La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del proceso participativo de mañana, domingo, puede ser constitutiva de delito, según fuentes jurídicas. Además, insta a los Mossos a que identifiquen a los responsables de la consulta independentista. La Fiscalía quiere que se sepa la persona responsable de haber permitido el acceso a los locales públicos a los «delegados» del 9-N.
En concreto, solicita al departamento de Enseñanza de la Generalitat que diga si «existen órdenes o instrucciones» por parte de la Generalitat a responsables de escuelas públicas para que cedieran esos locales para el 9N y si «se han convocado reuniones con responsables de centros públicos» en las cuales se les pidió que los pusieran a disposición. La Fiscalía pretende averiguar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas para dicho proceso podría suponer un delito después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el mismo. Esta misma semana, el TC acordó por unanimidad suspender la consulta alternativa convocada por la Generalitat para mañana, así como todas las actuaciones relacionadas con la misma, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado «proceso de participación ciudadana».
El Ministerio Público ha remitido un oficio a la empresa Unipost S.A para que le envíe la hoja de encargo, contrato y los documentos que obren en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda del proceso participativo. Además de pedir el presupuesto, la factura pro forma o definitiva, quiere saber qué persona o entidad ha suministrado a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.
Así lo ha solicitado después de haber abierto, a instancias de la Fiscalía General del Estado, diligencias de investigación por si la cesión de locales municipales, centros educativos u otras instalaciones bajo la dependencia de la Generalitat de Cataluña es constitutiva de un ilícito penal después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la votación.
Esta actuación será valorada ahora por la Justicia que podría ordenar intervenir a los Mossos d'Esquadra para precintar los locales públicos y que no se utilicen para la votación. El Ministerio Público ha adoptado esta medida después de conocer varias denuncias de particulares en juzgados de guardia de Cataluña que advertían sobre supuestos preparativos que se estarían llevando a cabo en esos locales y ante la posibilidad de que constituyan actos contrarios a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.
Ante esta situación, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en una entrevista en TV3, ha advertido contra «cualquier ataque directo a la democracia», y ha dicho a los alcaldes implicados en este proceso que «no deben temer nada» por la cesión de locales para el 9-N, porque es un acto que se sustenta en derechos «fundamentales».
Respuesta del Govern
Por su parte, el gobierno catalán ha subrayado que el propio ejecutivo «es el único responsable de autorizar el acceso a locales públicos» que se usarán como puntos de votación en el 9-N y, al mismo tiempo, ha lanzado reproches al Gobierno, al que ha acusado de «crear un poco de confusión» con la intención de que «vaya menos gente mañana» a participar en la consulta.
A través de un escueto comunicado, el Govern ha remarcado que «no se puede pedir la identificación a voluntarios que nada tienen que ver en esta autorización», y ha añadido que los voluntarios podrán desarrollar sus funciones «con total normalidad».
Rajoy pide «cordura» a Mas
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha emplazado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a «recuperar la cordura» a partir del lunes y empezar a hablar aunque, eso sí, dentro de la ley. «Mientras yo sea presidente del Gobierno la Constitución española se cumplirá, la soberanía nacional estará a salvo y nadie romperá la unidad de España», ha insistido Rajoy un día antes del 9 de noviembre.
Y sobre el proceso participativo que se pretende celebrar mañana en Cataluña ha señalado que «se le podrá llamar como se quiera, pero ni es referéndum, ni es consulta ni es nada que se le parezca» y «no produce efecto alguno».
El presidente del Gobierno ha recordado que el mismo día en que se anunció el referéndum ya dijo que era ilegal y que, por tanto, no se iba a celebrar; y así ha sido, al tiempo que ha apostillado que «España es una democracia, un Estado de derecho, en el que todos están sometidos al imperio de la ley».
Rajoy ha confiado en que este lunes «se recupere la cordura» y ha invitado a Mas a dialogar «dentro del marco de la Constitución» y de a ley y a hablar de «mejorar el bienestar y la riqueza de los ciudadanos», en definitiva, «atender las preocupaciones de su día a día».