Operación Púnica: El juez envía a prisión a Granados y Marjaliza por formar parte de una «organización criminal»

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados y al empresario David Marjaliza por formar parte de una «organización criminal» desarticulada con la operación Púnica.

En un auto dictado este viernes el magistrado atribuye a Granados los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. La resolución judicial detalla que el exnúmero dos del PP madrileño es «titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado». La fiscal Anticorrupción había solicitado esta mañana al juez Eloy Velasco que ordenara la prisión provisional sin fianza para el ex secretario general del PP de Madrid, quien ha negado ante el magistrado haber tenido negocios con su amigo de la infancia, el constructor David Marjaliza, también imputado.

Francisco Granados ha negado ante el juez Velasco haber tenido ninguna influencia en la concesión de contratos públicos de la Comunidad de Madrid y en ayuntamientos de la región, pero ha reconocido que en 1996, cuando trabajaba en banca inversión, tenía una cuenta en Suiza con 320.000 euros, según fuentes de su defensa. El exconsejero madrileño, que ha sido interrogado por el magistrado durante dos horas en relación con la trama de corrupción investigada en la llamada operación Púnica, ha declarado que recuperó el dinero en el año 2000, cuando entró en política, momento en el que traspasó la cuenta a Marjaliza, considerado uno de los «conseguidores» de la trama y quien años después llegó a acumular en la misma hasta 1,6 millones.

Marjaliza, amigo de la infancia de Granados, regularizó recientemente varios millones de euros de su dinero en bancos suizos en una declaración ante Hacienda, ha indicado la defensa del exconsejero, quien ha recalcado que no hay pruebas documentales de que ambos tuvieran negocios comunes.

Granados ha contestado a todas las preguntas del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las fiscales del caso, según su defensa.

Durante el interrogatorio se le ha preguntado por su relación con la empresa Waiter Music, de José Luis Huerta, en prisión bajo una fianza de 300.000 euros.

A este respecto, ha dicho que el único vínculo que tiene con esta empresa es que organizó la comunión de uno de sus hijos.

Prisión sin fianza

El juez investiga una «trama organizada con perduración temporal y reparto de roles» que logró obtener de manera irregular la adjudicación de «numerosos» contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones, según ha señalado el propio magistrado en sus autos.

Una vez concluido el interrogatorio, la fiscal Carmen García ha pedido prisión sin fianza para Granados y su defensa se ha opuesto a ello alegando que no existe riesgo de fuga, ya que tiene familia en España.

La fiscal también ha pedido el ingreso en la cárcel sin posibilidad de fianza para Marjaliza y ahora el juez tendrá que decidir sobre esta medida cautelar.

Velasco ha tomado declaración, entre ayer y hoy, a 29 detenidos y ha dictado prisión incondicional para cinco de ellos, prisión eludible con fianza a otros trece, libertad con fianza para dos y siete en libertad.

Marjaliza, que se ha negado a declarar ante el juez Eloy Velasco, ha sido el primero de los detenidos que ha comparecido hoy ante el juez, que ha retomado a las 10:00 horas la toma de declaración de los acusados.

El presidente de la Diputación de León, enviado a prisión

Velasco envió ayer a prisión sin fianza al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a uno de los supuestos cabecillas y «conseguidor» de contratos públicos de la trama, Alejandro de Pedro Llorca.

Granados y Marjaliza solicitaron anoche comparecer ante el juez de guardia para que se revisara su situación y se les pusiera en libertad, peticiones que les fueron denegadas en la madrugada, por lo que se encuentran en situación de detención judicial.

Rechazo de la excarcelación

El juzgado de instrucción número 2 de Majadahonda rechazó esta madrugada excarcelar al exconsejero madrileño Francisco Granados que había presentado una petición de habeas corpus (ser puesto inmediatamente a disposición judicial tras ser arrestado) ante el juzgado de Majadahonda, por considerar que su detención se había prolongado indebidamente, al rebasar las 72 horas sin pasar por el juez, y exigía su inmediata puesta en libertad.

En un auto, la juez de guardia María Isabel Serrano rechazó el habeas corpus al afirmar que no concurre el supuesto de que Granados se encuentre ilegalmente privado de libertad, al haberse transformado las diligencias de policiales a judiciales.

Justifica su decisión al considerar que según la Ley de Enjuiciamiento Criminal el plazo se debe contar desde el momento en que se acuerda la detención judicial, que decretó el juez Eloy Velasco el pasado miércoles por la tarde y no desde el pasado lunes, cuando fue arrestado por la Guardia Civil.

El habeas corpus alude al derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o mantenerse.

Seis detenidos a prisión

El juez ha dictado la noche de este jueves el ingreso en prisión incondicional para el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, la secretaria de Marjaliza Ana María Ramírez y el empleado de Cofely Pedro García Pérez.

Además, ha decretado el ingreso en prisión eludible con fianzas de entre 25.000 y 100.000 euros para otras ocho personas. Se trata del concejal de Hacienda de Valdemoro, José Javier Hernández (60.000 euros); el jefe de gabinete del alcalde, Alfredo Ovejero (25.000 euros); el arquitecto municipal de la localidad (100.000 euros); los empresarios relacionados con el constructor David Marjaliza: Eduardo de la Peña (50.000 euros) y Antonio Serrano (100.000 euros); el director general de Cofely, Didier Maurice, su director comercial Constantino Álvarez y el empleado José Antonio Álvarez, todos ellos con fianzas de 100.000 euros. El magistrado ha dejado en libertad sin la imposición de medidas cautelares al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso.

En total son ya seis los detenidos en la operación Púnica que deben ingresar en la cárcel de forma incondicional por orden del juez. Velasco ya decretó por la mañana prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León Marcos Martínez y el empresario Alejandro de Pedro, considerado junto al constructor David Marjaliza, principal 'conseguidor' de la trama.

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