Diputados de IU, Compromís y Equo han acompañado a varias plataformas ciudadanas en una protesta en la que la Policía ha impedido desplegar una pancarta de los miembros de Greenpeace
16 oct 2014 . Actualizado a las 13:30 h.Los representantes de varias plataformas ciudadanas se han concentrado esta mañana a las puertas del Congreso para protestar por la ley «mordaza», el proyecto de ley de seguridad ciudadana que hoy pasa su primer trámite en el Congreso.
Diputados de IU -entre ellos el líder de la formación, Cayo Lara- y Compromís, así como el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, han acompañado a estos colectivos y han posado en las escaleras de la puerta de los leones del Congreso con la boca tapada. Mientras, enfrente, en la fachada del hotel Villa Real, tres activistas de Greenpeace, vestidos de naranja, han tratado de desplegar una gran pancarta contra la ley, aunque la Policía se lo ha impedido finalmente rajando la tela y retirándola.
Los tres miembros de Greenpeace, que habían pernoctado en el hotel para preparar la protesta, han estado unas dos horas sentados en una cornisa de la fachada, en el último piso del edificio, y tras ser identificados por la policía, se han marchado. Además, los agentes han puesto fin a la concentración de estas organizaciones al desalojarles de la plaza de las Cortes.
Durante la protesta, los manifestantes han coincidido en denunciar que el proyecto de ley es antidemocrático e impide la libertad de expresión y de manifestación. Alejandro Gámez, portavoz de la plataforma «No somos delito», que agrupa más de setenta organizaciones sociales, ha advertido de que esta ley no es buena para nadie, «ni siquiera para el partido en el poder», el PP, que también se verá afectado cuando no gobierne por estas «restricciones a la libertad de expresión».
Y ha apuntado que es «mentira» que la ley se haya elaborado para proteger a los ciudadanos, ya que por el contrario se dirige directamente a «reprimir el derecho a la manifestación y a la libre expresión de los ciudadanos». Por su parte, Enrique Santiago, portavoz del Foro de Abogados de Izquierdas, ha acusado al Gobierno de hacer esta ley para limitar la capacidad de la sociedad de protestar libremente en las calles contra sus políticas y está pensada para un «destinatario claro», que son esos ciudadanos.
Asimismo ha denunciado la multiplicación por tres de las actuales sanciones y el aumento de su cuantía, las limitaciones del derecho de manifestación y a la protesta social y el otorgamiento de «desorbitantes poderes» a la policía para el control de las manifestaciones.
Todo esto hace, ha añadido el abogado, que las protesta social que se está llevando a cabo en España desde que comenzó la crisis vaya a ser cada vez «más limitada» y convertida «en un claro delito». Rubén Gómez, portavoz de la coordinadora «paremos la criminalización de la protesta social» ha señalado que incluso la ONU y el Consejo de Europa han llamado la atención sobre este proyecto de ley que ha calificado de «liberticida».
Desde Equo, Juan López de Uralde ha lamentado que se utilice la «doctrina del miedo» para que la sociedad civil deje de protestar, mientras que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que «esto se parece cada vez más a los últimos albores del franquismo», porque el Gobierno pretende que los ciudadanos no tengan «si quiera», el «derecho legítimo a protestar». Baldoví ha pedido a los demás partidos de la oposición que se comprometan a retirar esta ley cuando haya una nueva mayoría parlamentaria.