El sistema se fraguó cuando Eduardo Zaplana era presidente regional y se crearon archivos informáticos para el control de cobros y pagos
15 oct 2014 . Actualizado a las 16:26 h.Un nuevo informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) revela que el Partido Popular valenciano usaba «un sistema de financiación dual» vinculado a la trama Gürtel con el uso de una «caja B» ya desde 2002, cuando Eduardo Zaplana era presidente regional de la formación. El documento, al que ha tenido acceso EFE, se ha elaborado en cumplimiento de una petición del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), una de las piezas del denominado caso Gürtel.
Esta pieza se refiere a un supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 e investiga si las deudas del PP valenciano con Orange Market, que organizó diferentes actos de campaña para los populares valencianos, fueron saldadas por otras empresas.
La investigación de la UDEF realiza un estudio de la forma de actuación de la organización de Francisco Correa, uno de los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, para facturar y cobrar los actos llevados a cabo entre 2002 y 2006 para el PPCV a través de las sociedades Special Events SL y Orange Market SL. Del estudio de la documentación vinculada «se desprende la utilización ya desde 2002 de un sistema de financiación de los actos donde se aprecia la dualidad en el mismo».
El informe explica que «parte de los costes de los actos se factura a la formación política y se cobra con fondos que circulan por el sistema financiero, y otra parte no se factura y se recibe de la formación en forma de fondos ajenos al circuito económico que engrosan la caja B de la organización».
Como ejemplo, la UDEF cita la convención regional celebrada el 8 de junio de 2002, los congresos del PPCV en 2002 y 2004 o un conjunto de actos realizados al año siguiente.
El informe policial señala que la organización «lleva un minucioso control de los cobros y pagos realizados en archivos informáticos creados al efecto», de forma que se muestra, tanto en los documentos en papel como electrónicos «la existencia de una doble vía de financiación». Por una parte, Orange Market lleva a cabo una facturación real de los servicios prestados al PPCV, «en las que se extienden los correspondientes documentos mercantiles, se contabilizan las facturas y se hace la correspondiente repercusión del IVA, que la organización denomina Alicante» y que se refiere a la caja A.
Pero por otro lado, según la policía, existe otro tipo de financiación «ajena a los circuitos financieros legales, en los que el importe adeudado y cobrado no es soportado por una factura», ni contabilizado ni repercutido el IVA y que la organización identifica como Barcelona, «en directa alusión a los pagos denominados B». «Es por ello que se puede afirmar que no existe una transparencia en los flujos financieros vinculados a los trabajos realizados por la sociedad valenciana para el Partido Popular de la Comunitat Valenciana en el periodo de estudio», concluye.
Además, en relación con los cobros en A, establece que Orange Market no solo factura al PPCV sino que existen «sociedades del sector de la construcción domiciliadas en la Comunidad Valenciana, que habían sido adjudicatarias de contratos públicos, que asumen parte de la deuda generada por el PPCV».
Es el caso de Facsa, Sedesa, Lubasa, Piaf, Grupo Villalba o Enrique Ortiz e hijos, «entidades que pagan facturas por servicios supuestamente prestados por Orange Market y cuyos importes reducen de forma directa la deuda generada por la formación política por los actos realizados por dicha sociedad».