El Govern ha presentado dos recursos ante el Constitucional contra la decisión del Gobierno de impugnar la Ley de Consultas y la convocatoria del 9-N
02 oct 2014 . Actualizado a las 07:50 h.El Parlament, con los 86 votos a favor de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, ha aprobado hoy la creación de la Comisión de control de las consultas populares -el organismo llamado a supervisar la consulta del 9-N-, en un tenso debate en el que PPC, PSC y Ciutadans se han negado a votar.
La comisión la forman siete juristas y politólogos de «reconocido prestigio», que serán la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Mercè Barceló Serramalera, el catedrático del Departamento de Ciencia Política de la UAB Joaquim Brugué Torruella, y el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Rovira Virgili (URV) Alfons González Bondia. También el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona Miquel Martin Casals, los abogados Marc Marsal Ferret y Benet Salellas Vilar, y el catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Barcelona Jordi Matas Dalmases.
En un tenso debate antes de la votación, PPC y Ciutadans han solicitado su retirada del orden del día porque desarrolla, han advertido, una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, acto que para estos partidos supone traspasar una «línea roja» y una «desobediencia clara» al Alto Tribunal.
Es por ello por lo que estos partidos se han negado a participar en la votación, algo a lo que también se ha sumado el PSC, que ha cuestionado también su «legitimidad jurídica», mientras que el bloque soberanista ha defendido que el informe de los letrados del Parlament daba el visto bueno a la legalidad de la votación y ha cargado contra las «amenazas» de populares -con las manos en alto- y Ciutadans -que han abandonado el hemiciclo-.
Recursos al Constitucional
El Govern ha presentado este miércoles dos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno central de impugnar la Ley de Consultas y la convocatoria de consulta del 9N. Ha pedido al Alto Tribunal el «levantamiento inmediato» de la suspensión cautelar de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria. El Govern -que ha hecho públicos sus recursos este miércoles horas después de presentarlos al TC- alega que el tribunal puede acordar el levantamiento inmediato «atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por las suspensión». El Ejecutivo también alega que la Constitución y el Estatut «llaman al legislador a promover y facilitar las libertades ideológicas y de expresión, así como la participación política de los ciudadanos».