El presidente del Gobierno ha dejado claro que «no hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única»
29 sep 2014 . Actualizado a las 20:34 h.El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha recurrido hoy ante el Tribunal Constitucional la consulta del 9-N y la ley que la ampara y ha ofrecido diálogo al presidente catalán, Artur Mas: «Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero».
Rajoy ha comparecido ante los medios de comunicación para leer una declaración institucional y atender las preguntas que le han formulado los periodistas tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha aprobado la presentación de los recursos ante el Constitucional.
El presidente del Gobierno ha dejado claro que «no hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa» la convivencia entre los españoles, ni se puede «privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país».
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que se puede reformar la Constitución pero «lo prioritario hoy es defenderla» y ha añadido que, con la Carta Magna, la Generalitat de Cataluña tiene «las mayores competencias de su historia».
Ha hecho hincapié en que mientras él sea presidente del Gobierno la ley «se va a respetar en toda su integridad» y ha recordado que las leyes se pueden siempre reformar «pero por los cauces democráticos». Lo que no debería hacer «un gobernante responsable», ha señalado, es «buscar atajos o subterfugios para violentar la legalidad, por muy adornados que vengan de bonitas palabras».
En su declaración, el presidente del Gobierno ha insistido en que no se puede distinguir democracia y ley, porque la primera no existe ni no se cumple la segunda y en que el Gobierno no tenía otra alternativa que recurrir al Tribunal Constitucional la convocatoria de una «consulta de autodeterminación» que «ni por su objeto ni por el procedimiento seguido es compatible con la Constitución». «Es un recurso demagógico apelar a algo que suena bien, el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado», ha argumentado Rajoy quien ha añadido que «el problema es que quien esgrime estos argumentos, en la realidad, le está privando de ese derecho a quien realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español».
Rajoy ha lamentado profundamente que Mas haya convocado una que va «en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España y de su bienestar» y que no se va a celebrar.
«Lo peor es que lo sabía desde el principio», ha señalado Rajoy quien ha destacado que «lo cierto es que la Generalitat lleva tiempo desarrollando una política de hechos consumados que ha desplegado sin pausa y pretende que el Gobierno se vea forzado a encontrar una solución a decisiones unilaterales imposibles de compartir».
El jefe del Ejecutivo ha ofrecido, sin embargo, diálogo al presidente catalán: «Tanto el Gobierno, como yo mismo, estamos abiertos a cuantas iniciativas busquen ese objetivo; pero siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad, condición inexcusable de cualquier diálogo en una democracia seria y responsable como es la nuestra».
Pleno del Constitucional
La abogada general del Estado, Marta Silva, ha sido la encargada de registrar ante el Tribunal Constitucional los dos recursos del Gobierno contra la ley de consultas catalana y contra el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 9 de noviembre. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha convocado un pleno extraordinario a las 18.30 horas para admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno.
La convocatoria de este pleno con carácter urgente se produce después de que dos representantes de la Abogacía del Estado hayan presentado a las 13.15 En su reunión de esta tarde, el pleno del Tribunal Constitucional decidirá sobre la admisión a trámite de los recursos, lo que supondrá la inmediata paralización tanto de la ley de consultas como del decreto de convocatoria de la consulta el 9 de noviembre.