Del rechazo al cambio electoral al acuerdo en reducir aforados

Enrique Clemente Navarro
enrique clemente MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

PP y PSOE confrontarán sus propuestas de regeneración con algunos puntos en los que puede haber consenso

02 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

El Gobierno ha propuesto a la oposición un gran pacto de regeneración democrática, para lo que ha abierto un plazo de dos meses de negociación. Por su parte, el PSOE va a presentar en el Congreso su propia batería de medidas. Existe consenso para reducir los aforados, discrepancia total en la reforma electoral y posibilidad de acuerdo sobre otros asuntos. La proximidad de las citas electorales complica la posibilidad de llegar a acuerdos.

Reforma electoral

Sin consenso. El Gobierno incluye la reforma electoral para proceder a lo que califica como «elección directa de alcaldes» dentro de las medidas de regeneración democrática. De momento no ha concretado la fórmula que propondrá, aunque la que más se baraja es otorgar la mayoría absoluta a la lista más votada si supera el 40 % de los votos y saca cinco puntos de diferencia a la segunda. También podría haber una segunda vuelta o entre los dos candidatos más votados o en la que compitan aquellos que superen un umbral determinado de votos. El PP parece dispuesto a llevar adelante esta modificación de las reglas de juego a solo nueve meses de las elecciones municipales sin el consenso del PSOE, algo que no tiene precedentes. Los populares esperan contar con el respaldo de CiU, que se ha manifestado dispuesta a negociar. Los socialistas han mostrado su rechazo frontal a negociar esta reforma.

Aforados

De acuerdo en reducirlos drásticamente. España es una excepción en Europa por su abultado número de aforados. En Alemania y el Reino Unido no existe esta figura; en Portugal e Italia solo está aforado el presidente de la república; en Francia están aforados el presidente de la república, el primer ministro y los miembros del gabinete. El Gobierno ha lanzado una propuesta para reducirlos drásticamente, en lo que está de acuerdo el PSOE, aunque falta por concretar quiénes mantendrán el fuero especial y cómo se tramitaría legalmente. La discrepancia entre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, genera confusión sobre el alcance de la reducción de los aforados, es decir si afectará también a los parlamentarios y los ministros.

Primarias abiertas

Oposición del PP. Los socialistas proponen que la ley de partidos establezca la obligación de celebrar primarias abiertas para la elección de candidatos en todas las formaciones políticas. Además, propugna otras modificaciones en esta ley como la limitación de mandatos, a ocho años en el caso del presidente del Gobierno, y la paridad en las responsabilidades orgánicas en los partidos políticos. El PP descarta totalmente la obligatoriedad de las primarias y estaría dispuesto a estudiar la limitación de mandatos.

Donaciones

Se mantienen a las fundaciones. El Gobierno ya ha adelantado que prohibirá las donaciones de empresas a los partidos, medida en la que está de acuerdo el PSOE. Pero mantiene las donaciones a las fundaciones de esos mismos partidos, una distinción que los socialistas también son partidarios de mantener, en contra del criterio de IU, que aboga por prohibirlas.

Puertas giratorias

Más dificultades para el paso a la empresa privada. Impedir o, al menos, poner más trabas, al tránsito desde puestos relevantes del Gobierno a importantes empresas privadas, las llamadas puertas giratorias, es otro asunto en la agenda. El PSOE aboga por una reforma de la ley de incompatibilidades de altos cargos para impedir de una vez por todas las puertas giratorias. El PP propone ampliar a más casos el régimen de incompatibilidades que impide a los altos cargos trabajar durante los dos años siguientes a su cese en una empresa que haya resultado beneficiada por decisiones en las que haya participado.

Indultos

Más transparencia. El elevado número de indultos concedidos por los sucesivos gobiernos, incluidos los de condenados por delitos de corrupción, han cuestionado la forma de concederlos. El PSOE quiere que se exija la motivación de la concesión y que se prohíban los indultos políticos. El Gobierno, que hasta ahora no había querido mover ficha en este asunto, ha abierto una vía al abogar por una «mayor transparencia», para que «sin alterar su concepción como medida de gracia que atiende a las circunstancias de la persona y no al tipo de delito, se pueda ampliar la rendición de cuentas y, con ello, el control y la confianza sobre las decisiones de indulto».

Altos cargos

Examen de los candidatos a las instituciones. El PSOE propone lo que llama «descolonización» de las instituciones, que afectaría al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Junta Electoral Central. Consistiría en que una comisión de expertos evaluara a los diferentes candidatos, que después comparecerían antes las cámaras antes de ser nombrados por las mayorías requeridas.

Corrupción

Penas más duras y devolver lo defraudado. El Gobierno ha propuesta en la reforma del Código Penal el endurecimiento de penas para los delitos de prevaricación graves, la ampliación de las conductas calificadas como tráfico de influencias y aumentar las condenas máximas por los delitos patrimoniales de especial gravedad. Por su parte, los socialistas quieren que se establezcan mecanismos para que los condenados por corrupción estén obligados a devolver lo que hayan defraudado.