La presidenta andaluza considera que la Ley de Transparencia no es suficiente
11 oct 2013 . Actualizado a las 01:32 h.La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, también ve «necesario» un pacto contra la corrupción ante «la dificultad» del momento y la «desconfianza» de los ciudadanos en la política. Según ha añadido, ahora tienen que ser «los hechos» los que demuestren que este compromiso es una realidad.
«Es necesario que todos arrimemos el hombro, con firmeza, y que Rajoy se ponga al frente de ese plan de regeneración», ha declarado en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras la reunión que ambos han mantenido y donde Díaz ha propuesto a Rajoy que el pacto sea «de máximos» que llegue «al máximo en transparencia y control de las instituciones».
Tras asegurar que Rajoy ve su propuesta de pacto «adecuada», «conveniente» e «idónea», ha señalado que partidos y comunidades tienen que «pactar» para acabar con la corrupción y «nunca taparla». En este punto, ha dicho que ahora ella ha iniciado una nueva etapa en la que quiere gobernar Andalucía «con las ventanas abiertas» para dar confianza a los ciudadanos.
Díaz, que ha coincidido con las fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press en ensalzar el clima de «coordialidad» del encuentro y la voluntad de «cooperación y lealtad institucional», ha planteado a Rajoy que es necesario que él lidere ese plan para la regeneración política y, a la vez, que «todos arrimemos el hombro». Así, ve fundamental que ambos asuman que hay que «acabar y combatir la corrupción, nunca taparla».
La líder del Ejecutivo andaluz ha insistido en que ese pacto tiene que pasar por las Cortes Generales y también por las comunidades autónomas ya que muchas, como Andalucía, están actualmente inmersas en la elaboración de leyes de transparencia y gobierno abierto que no pueden ver sus normativas acotadas por la las nacionales.
En virtud de lo trasladado por Díaz, Rajoy comparte esa «reflexión» sobre que «hay que ser implacables contra la corrupción» y ese diagnóstico en torno a la «desconfianza» de los ciudadanos. «De momento lo ha recogido y le ha parecido adecuado», ha señalado la presidenta andaluza, que ha indicado que ahora serán los hechos los que demuestren si el presidente recoge el guante. «En el camino se verá si coincidimos en un acuerdo de máximos, si somos capaces de dar respuesta a lo que demanda la gente», ha mantenido Díaz, que también ha subrayado que su propuesta «no pone nombre ni partido a la corrupción». «Si queremos que haya credibilidad no puede estar condicionado por nada ni por nadie sino que tenemos que ser implacables cuando afecta a nuestro partido o a otros», ha incidido.
La Ley de Transparencia, insuficiente
Por el momento, ha advertido de que la Ley de Transparencia no le parece «suficiente» porque es «inferior» a la que se impulsa en Andalucía y «dificulta» que las normativas autonómicas vayan más lejos, uno de los aspectos que la propuesta de la socialista pretende evitar.
Preguntada por las medidas concretas que puedan sustentar ese pacto, Díaz ha hecho referencia a la fiscalización de las cuentas de los partidos en las respectivas Cámara de Cuentas; la prohibición de donaciones a los partidos --«no hay que ser muy listo para saber que quien da un euro a partido espera, si no lo ha recibido ya, algo a cambio», ha dicho--; o las rendiciones de cuentas de los responsables políticos en el momento en el que llegan al cargo y al abandonarlo. En otro momento de su intervención ante la prensa, también se ha referido a que a los ciudadanos hablan de cesantías o de limitación de mandatos pero no ha concretado si Rajoy habría dado una respuesta concreta a alguna de todas esas aspiraciones.
Tras insistir que será «en el camino» cuando se vea si efectivamente el Gobierno está dispuesto a cumplir con esa apertura y esa llamada a la transparencia máxima, Díaz no se ha olvidado de advertir que el PP no ha seguido algunos de las medidas llevadas a cabo en la Junta y en el PSOE-A, como la publicación de las declaraciones de IRPF de los miembros del Gobierno y de los diputados y sus parejas.