Acusa al exalcalde de Santiago de defraudar 291.000 euros a Hacienda
07 jun 2013 . Actualizado a las 13:44 h.Dos años y medio de prisión, el pago a Hacienda de casi 1,2 millones de euros y entre cuatro y seis años de inhabilitación para cargo público. Esa es la petición de pena a la que se enfrenta el exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (PP) por haber defraudado, presuntamente, 291.000 euros al fisco al no declarar el IVA generado por la venta en el año 2010 de 61 viviendas que hizo la promotora de la que era administrador único, Geslander Proyectos Inmobiliarios. El caso supuso el fin de la carrera política del exregidor, que tuvo que dimitir en abril del año pasado.
La instrucción del caso ya ha finalizado. Hace meses, la Agencia Tributaria, que se ha personado en la causa como acusación, presentó en el juzgado su escrito de petición de penas, que coincide casi totalmente con el que acaba de terminar de redactar el fiscal de Santiago en el que ha recaído el asunto, Jorge Fernández de Aranguiz.
Ambos piden para Conde Roa la máxima multa que prevé la ley en los casos de fraude fiscal, que es el triple de lo defraudado. Así, el exalcalde compostelano tendría que pagar 873.000 euros por este concepto, cantidad a la que habría que sumar los 291.000 euros del IVA que no se abonaron en su día.
No tan severos han sido en la petición de la pena de cárcel para el acusado, ya que la ley establece condenas de entre uno y cinco años de prisión para los delitos de fraude a la hacienda pública, por lo que los dos años y medio que le solicitan son justamente la mitad del máximo castigo previsto.
Tanto el fiscal como la Agencia Tributaria coinciden también en considerar que Conde Roa cometió un delito de fraude fiscal, porque cobró el IVA a los compradores de las 61 viviendas de su promotora, pero no entregó el dinero, los 291.000 euros, a Hacienda, como era su obligación.
El acusado niega el delito
Cuando se hizo pública la querella que por este motivo había presentado contra él la Fiscalía, Gerardo Conde Roa admitió no haber declarado los 291.000 euros a Hacienda, pero negó «rotundamente» que hubiese cometido un fraude fiscal. «El delito fiscal requiere de la existencia del dolo de ocultar, de querer defraudar y esto aquí no ha sucedido porque no hay la ocultación deliberada de datos porque siempre ha existido la puesta a disposición de los libros [de la empresa] y de los extractos bancarios para aclarar la situación», explicó en la comparecencia pública que realizó el 9 de abril del año pasado, cuando aún sostenía que no tenía por qué dimitir a consecuencia de este asunto.
Aquel día, el que todavía era alcalde de Santiago justificó el que no hubiese declarado los 291.000 euros del IVA de la venta de las 61 viviendas alegando que su empresa promotora había sufrido dos graves reveses económicos en Lalín y en Daimiel (Ciudad Real) que le ocasionaron deudas de 3,5 millones de euros y lo llevaron a la ruina económica.
Esa situación es la que Conde Roa argumenta para justificar que no pagase los 291.000 euros a Hacienda. «Los bancos se quedaron con todo lo que ingresamos por la venta de los últimos pisos. No me he quedado con nada, todo fue destinado a pagar deudas bancarias, a proveedores y a los constructores», dijo. Además, puso como prueba de su intención de saldar su deuda con el fisco el que, según afirmó, firmara un acta de conformidad con la Agencia Tributaria admitiendo una deuda que, añadió, tenía previsto abonar recurriendo a préstamos de familiares y amigos. «Si no hay fraude no hay delito», alegó.
El límite son 120.000 euros
Sin embargo, la Agencia Tributaria no lo entendió así. El límite fijado para que no pagar a Hacienda pase de falta administrativa a delito son 120.000 euros. En el caso de Conde Roa, lo que no ingresó al fisco es más del doble de ese límite, lo que llevó el caso a la Fiscalía, que presentó una querella por fraude fiscal.
Una vez concluida la instrucción del caso, que recayó en el juez José Antonio Vázquez Taín, el asunto que supuso el fin de la carrera política de Gerardo Conde Roa está más cerca de ser juzgado. Para que se señale la vista oral ya tan solo resta que el abogado del exregidor presente el escrito de defensa.