El fiscal pide el suplicatorio para juzgar a José Blanco por tráfico influencias

ESPAÑA

El exministro de Fomento ha hablado esta mañana con Rubalcaba sobre su continuidad como diputado. José Blanco ha convocado una rueda de prensa para las una y media de la tarde

12 mar 2013 . Actualizado a las 16:00 h.

La Fiscalía está convencida que de que el exministro socialista José Blanco actuó de manera determinante para resolver la concesión de la autorización de una nave logística de la empresa Azkar junto al aeropuerto de El Prat. Así se desprende del auto de 28 folios que el juez de la causa especial abierta contra el político gallego ha remitido esta mañana al juez del Tribunal Supremo que intruye la pieza separada del caso Campeón, escrito en el que el Ministerio Público insta a pedir al Congreso el suplicatorio necesario para levantar el aforamiento del exministro para ser juzgado.

A la espera de lo que decida el propio juez instructor, José Ramón Soriano, el fiscal descarta que se juzgue a José Blanco por un presunto delito de cohecho, pero sí en cambio por el de tráfico de influencias y prevaricación. El fiscal del caso, Manuel Dolz, pidió el suplicatorio después de que ayer el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, le diera autorización para ello, tras consultarlo con cuatro fiscales de Sala.

La investigación a José Blanco se ha centrado en saber si medió en la concesión de autorizaciones para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, amigo del exministro, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi. Además, se ha investigado si Orozco, a cambio de esos favores, hizo aportaciones económicas a Blanco para la compra y las obras de reforma del chalé que adquirió el exministro en la localidad madrileña de Las Rozas.

En un último auto, con fecha del 27 de febrero, el juez Soriano indicaba que «en ausencia de petición de diligencias por parte del Ministerio Fiscal, de la defensa y del instructor, la aportación de las que se ordenaron a la policía judicial (UDEF) o ésta pudo haber practicado (...) son suficientes para que el fiscal y, en su caso, la defensa soliciten el sobreseimiento de la causa o la petición de suplicatorio por alguno de los hechos investigados».

Antes de dar por cerrada la causa el juez accedió a las peticiones de la UDEF de investigar en mayor profundidad la compra y las obras de reforma del chalé de Blanco en Las Rozas.

La defensa de José Blanco, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, recurrió la semana pasada esta última resolución de Soriano y, unido al recurso, aportó al juez los justificantes de los pagos de esas obras, ya que de la compra recordaba que los aportaron el pasado 31 de enero. Sobre los gastos en seguridad, la defensa indicaba que tuvieron un coste de 101.395 euros que pagó el PSOE, gasto que fue «contabilizado y declarado ante Hacienda, tanto por el partido como por la empresa constructora», mientras que «la parte de las obras que no se correspondían estrictamente con la protección del edificio» fueron abonadas por el exministro y su esposa y costaron 68.440 euros.

Este pago se hizo en dos veces, la primera, por valor de 30.000 euros, «se realizó mediante transferencia» y la segunda, de 38.440 euros, «se realizó en metálico, empleando para ello dinero donado por sus padres», pagos ambos «reconocidos y declarados». La principal queja de Blanco en este recurso se refiere al requerimiento dirigido a la Agencia Tributaria para que facilite a la UDEF los datos de «los números de cuenta bancaria y entidad» de Blanco y su esposa durante los años 2006 y 2011, además de aportar los extractos bancarios de las cuentas.

La defensa considera nula esta diligencia «de investigación prospectiva» por dirigirse contra la esposa de Blanco, «que no está imputada», y el hecho de «someter a escrutinio policial los movimientos de todas sus cuentas» la coloca «en una situación de indefensión total». La investigación a Blanco en el Supremo partió de las declaraciones prestadas en el juzgado de Lugo que investiga estos hechos del principal imputado en la operación Campeón, el empresario Jorge Dorribo. Éste aseguró que instantes antes de verse con el exministro en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), entregó a un primo político de Blanco, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros en billetes de 500 y que supone que éste dio luego el dinero al entonces titular de Fomento.