El auto del juez instructor activa el plazo de diez días concedido a la Fiscalía para que eleve sus conclusiones sobre el caso. El informe del ministerio público llegará así una semana después de que la Policía Judicial aporte su último informe. Será entonces cuando la defensa y las demás partes personadas en la causa dispondrán de cinco días para solicitar, se presupone, el archivo del caso. A partir de ese momento el juez instructor deberá decidir si se inclina por archivar la causa especial o si, por el contrario, hay base suficiente para abrir juicio contra el exministro. En ese caso, el Tribunal Supremo tendría que solicitar un suplicatorio al Congreso para poder emprender el procesamiento del diputado socialista lucense.
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