Dos de los arrestados en Compostela son el concejal de Tráfico y el gerente de Aquagest
15 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Santiago vivió ayer un nuevo terremoto judicial y político con la corrupción como trasfondo y en el marco de la operación Pokémon, que ha entrado en una segunda fase bautizada como Manga y en la cual se practicaron cuatro detenciones en Santiago, una en Asturias y otras cuatro en Gerona. Los arrestados en la capital de Galicia son el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Albino Vázquez (PP); el exconcejal popular Ángel Espadas, que fue jefe de gabinete y asesor del anterior alcalde, Gerardo Conde Roa; el gerente local de Aquagest -concesionaria del servicio de aguas-, José Luis Míguez, y un socio de Espadas y gestor de espectáculos, Jesús Fuentes, relacionado con la desastrosa organización del concierto de Bruce Springsteen en la ciudad.
De forma paralela, en Cataluña fue arrestado el alcalde del Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm (Gerona), Robert Fauria i Danés (CiU), así como al jefe del departamento de organización de servicios ciudadanos del Consejo Comarcal de la Selva, J. C. F. M., el apoderado de la empresa GRS Arc Local, J. M. F. I. G., y A. R. V., administrador de esta empresa dedicada a la consultoría y asesoría de ayuntamientos.
La última de las nueve detenciones de ayer tuvo lugar en Asturias. Se trata de Joaquín Fernández Díaz, exconcejal de San Martín del Rey Aurelio y en la actualidad presidente del PP local y propietario de una empresa de consultoría e ingeniería.
Delitos de corrupción
Aunque por el momento no se han especificado los delitos que se le imputan a cada uno de los nueve detenidos, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indicaron que en casi todos los casos se investiga tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos o uso de información privilegiada y prevaricación, en el caso de los cargos públicos. Además, a alguno de los arrestados también se le imputa falsedad documental y blanqueo de capitales.
La jueza de Lugo que instruye la operación Pokémon, Pilar de Lara, había investigado hasta ahora en Santiago la adjudicación de una guardería municipal y el contrato de conserjería y limpieza de colegios de infantil y primaria y de polideportivos. La adjudicataria fue Vendex, el grupo de empresas que está en el centro de las pesquisas del caso por el presunto pago de comisiones y regalos a políticos gallegos a cambio de contratos. Hasta ahora, estaba imputado por ello el alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP); su jefe de gabinete, Francisco Castro; la concejala de Educación, Rebeca Domínguez, y dos altos funcionarios adscritos a los departamentos de contratación y educación.
Siguiendo esa pista, la magistrada ha encontrado nuevos contratos sospechosos. Son el del servicio de aguas y el de la grúa y la ORA. Del primero es adjudicatario Aquagest, firma del mismo grupo que la adjudicataria del servicio en Sant Hilari Sacalm, de ahí la posible relación con Cataluña. El otro lo presta la firma Setex Aparki, una escisión de Vendex y su más encarnizada competidora.
En el caso de Aquagest, el contrato expirará en el año 2019. Antes de tener que dimitir por defraudar a Hacienda, el anterior alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, negoció su ampliación a cambio de una millonaria inversión en obras -se habló de 20 millones de euros- por parte de la empresa. Sin embargo, esa renovación está ahora paralizada.
Dos empresas enfrentadas
En lo que respecta al servicio municipal de la grúa y del cobro de la ORA -el aparcamiento en zona azul-, el contrato lo tiene desde hace años Setex Aparki. Su renovación fue motivo de una dura lucha política entre el anterior alcalde, Xosé Sánchez Bugallo (PSOE), y Gerardo Conde Roa (PP) cuando este era el líder de la oposición compostelana. El PP denunció irregularidades y sospechaba que los socialistas quería adjudicarle el contrato a Vendex.
Bugallo perdió las elecciones y Conde Roa, ya como alcalde, adjudicó a Setex Aparki el servicio de grúa y cobro de la ORA, una decisión que sentó como un tiro al grupo Vendex, cuyos dirigentes recurrieron y aseguraron que había serias irregularidades administrativas, como supuestamente la falta de informes claves. Tan mala es la relación tras la escisión entre Vendex y Setex, que la segunda de las empresas incluso ha llegado a personarse como acusación particular en la instrucción del caso Pokémon.