El auto es demoledor. Y una impagable contribución a la democracia. Por desvelar unas prácticas que redujeron las instituciones públicas a cortijos y desenmascarar a quienes, llevados por una ambición desmedida, se creyeron por encima de la ley para desvalijarlas. Y es también un enorme servicio a la sociedad porque muestra que hay instituciones que cumplen su cometido sin amilanarse ante los poderosos ni plegarse a componendas. La aportación del juez Castro a la lucha contra la corrupción deja en evidencia al Gobierno y a los partidos, incapaces de implantar medidas eficaces para prevenirla y combatirla. La pantomima del debate parlamentario de ayer es el mejor ejemplo. Es cierto que no se puede generalizar, como pide Rajoy, porque la corrupción se ejerce individualmente. Pero cuando los corruptos florecen como los hongos es porque hay un clima propicio. Fruto de una cultura del enriquecimiento rápido, de la ocupación y falta de transparencia de las instituciones, y de una sensación de impunidad que los partidos han fomentado, por acción o por omisión, y que los convierte en responsables. Y eso sirve también para la Casa del Rey. El auto deja entrever que al menos toleró las actividades de Urdangarin. La opacidad y la confusión de lo público y lo privado han sido una constante. Se necesitan medidas para hacer frente a la corrupción, pero sobre todo faltan explicaciones, peticiones de perdón, propósitos de enmienda. Hacen falta leyes, pero aún más una nueva cultura de lo público, un espacio que debe ser ejemplo de transparencia, rectitud y coherencia ética. No de lo contrario.