PP y PSOE no aplican el mismo código interno a sus respectivos acusados
05 ene 2013 . Actualizado a las 13:23 h.La implicación del alcalde de Santiago en la operación Pokémon eleva a 83 el número de políticos gallegos imputados en 31 casos abiertos por corrupción e irregularidades administrativas. PP y PSOE utilizan distintas varas de medir para tratar a sus acusados dependiendo del caso, nombre del implicado y momento político. En el BNG, sus cargos están obligados a dimitir automáticamente.
Ese diferente trato que los dos grandes partidos dan a sus acusados explica que solo doce de los imputados abandonasen sus cargos al ser acusados. El PSOE considera que no todas los casos son iguales, y marca la aplicación de medidas cautelares, como arresto o imposición de fianza, como la línea que debe conllevar una dimisión. El PPdeG se apresta por su parte a estrechar en su congreso del día 19 el margen de autonomía de sus futuros militantes acusados, atribuyendo al partido la decisión del futuro político en cada caso en un momento en el que Galicia se ha convertido en escenario de grandes casos judiciales. La operación Pokémon ha generado dudas sobre la integridad de ocho dirigentes, incluidos los alcaldes de Lugo, Santiago, Ourense y Boqueixón, los dos últimos ya dimitidos.
Hasta doce políticos y altos cargos están implicados en la operación Campeón, con el exministro José Blanco en una de sus piezas; cuatro altos cargos y tres técnicos de la Xunta popular y el exparlamentario Pablo Cobián en otra, y el también exconselleiro del BNG Fernando Blanco y dos de sus altos cargos en otra de las líneas abiertas a cuenta de las acusaciones del empresario Jorge Dorribo.
El caso más numeroso
Otros 16 políticos están inmersos en la supuesta trama de anulación de multas en Lugo, una vicepresidenta de la Diputación, cuatro alcaldes y tres exregidores incluidos. La misma alto cargo provincial, la socialista Lara Méndez, comparte imputación con tres políticos más en la operación Rey, abierta en Castro de Rei por posibles irregularidades en concesiones de obras. La operación Orquesta generó hasta el encierro en los calabozos de alcaldes en la Costa da Morte, con cuatro regidores imputados, de los que tres de ellos siguen en el cargo.
La ramificación gallega del caso Gürtel con el exsecretario de Organización del PPdeG Pablo Crespo, la Carioca de Lugo, o Torre, en Ferrol, completan por ahora el círculo de las grandes operaciones judiciales en Galicia, entre las que ya no se encuentra la adjudicación de paneles publicitarios en Ourense, caso que costó el puesto a dos tenientes de alcalde y un director general, todos del BNG y absueltos hace unas semanas. El caso Arena, en el que estaba imputado el exparlamentario del PP Javier Escribano, acabó archivado, como también la denuncia contra el conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, o las acusaciones urbanísticas sobre el gobierno de Barreiros.
Es el ámbito local el que más imputaciones genera en todo caso, con el urbanismo y las contrataciones como principal fuente de acusaciones. Políticos locales de Caldas, Culleredo, Betanzos, Melón, Abegondo, Valdoviño, Vimianzo, Ponteareas, Arnoia y Viveiro viven pendientes de decisiones judiciales, mientras que la condena ha llegado en los últimos tiempos solo en ocho casos, los del exalcalde de Santa Comba, por abrir la mano a la apertura de decenas de supuestos tablaos; a exalcaldes de Oza, Arzúa y Sada por no derribar edificios ilegales; el de Ares por fraude electoral; el aún regidor de Portas por fraude fiscal; un exregidor de Sada por imprudencia medioambiental y hasta una alcoholemia que costó el puesto a un edil compostelano.