Baltar ofrece por carta a 92 concellos el personal que planea despedir

En la misiva, la Diputación se ofrece a asumir el 10 % de los costes salariales de los trabajadores del organismo que sean recolocados

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La propuesta partió del comité de empresa, pero el gobierno provincial la ha asumido como propia y se la ha trasladado a todos los concellos ourensanos. A través de una carta firmada por Argimiro Marnotes, el diputado en el que José Manuel Baltar delegó las negociaciones del ERE con el personal, la Diputación de Ourense se ha puesto en contacto con los 92 ayuntamientos de la provincia para ofrecerles las 32 personas que se verían afectadas por el despido colectivo.

«A Deputación destinaría a estes traballadores para a realización de funcións de cooperación e asistencia, sempre que os concellos interesados financiasen, como mínimo, un 90 % dos custes salariais e de Seguridade Social do persoal», dice la misiva. El texto alude a la posibilidad de firmar un convenio con los ayuntamientos que, «individualmente ou en colaboración con outros concellos ou entidades locais», quisieran explorar esta vía de contratación. En cualquier caso, la carta remite a los alcaldes al jefe del servicio de recursos humanos de la Diputación para que les resuelva posibles dudas.

Subterfugio para contratar

De momento, a quien le genera dudas esa propuesta es a la oposición. El portavoz del PSOE en la Diputación ourensana, Ignacio Gómez, cree que la posibilidad de que los concellos asuman al personal afectado por el ERE es una «chapuza». El líder socialista se pregunta si esos trabajadores seguirían figurando en la plantilla provincial y si habría amparo legal para que desarrollasen sus funciones en las entidades locales y no en la Diputación. Gómez admite que la propuesta partió del comité de empresa, pero cree que el gobierno presidido por José Manuel Baltar debía haber solicitado informes técnicos y jurídicos que la avalasen antes de trasladársela a los ayuntamientos.

Por otro lado, el portavoz del PSOE teme que tras esta medida se esconda un subterfugio para que los concellos del PP puedan saltarse el decreto que impide a las entidades locales contratar más personal. Con la propuesta del comité de empresa y del gobierno provincial, los ayuntamientos podrían incorporar nuevos trabajadores y se evitarían procesos selectivos abiertos a la ciudadanía en general.

La Diputación ourensana está, por ahora, a la espera de que los ayuntamientos respondan al ofrecimiento. Hay margen para ello antes de la próxima reunión con el comité, prevista para el día 7 de enero.