El dueño de Vendex quebró una firma que cobró 2 millones en subvenciones

En el año 2000 Gervasio Rodríguez Acosta liquidó Rubber, una empresa creada en Fene en 1991 de la mano de empresarios locales

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La aparición de Gervasio Rolando Rodríguez Acosta en la trama de corrupción de Pokémon devolvió a la actualidad a los cerca de 60 trabajadores que formaron la plantilla de Rubber, en Fene, quienes padecieron las vicisitudes de la quiebra de esta empresa, creada con importantes ayudas públicas y que se dedicaba al recauchutado de ruedas. Fue el administrador entre los años 1996 y el 2000, precisamente cuando la firma fue descapitalizada y acabó en quiebra. La abogada Helena Pardo, que fue síndica en el proceso de suspensión de pagos, recordaba también ayer que otro imputado en la operación, José María Tutor, había sido designado luego para el mismo cargo que ella cuando el grupo propietario consiguió relegarla. Rubber había nacido en 1991 de la mano de empresarios locales con subvenciones de más de dos millones de euros y con unos informes muy favorables, según los promotores. Pero la apertura del mercado español a productos chinos tiró por tierra todas las expectativas porque las ruedas llegadas de Oriente eran más baratas que las recauchutadas.

Según otro letrado que asesoró al comisario de la quiebra, el grupo de Gervasio Rolando (entonces se hablaba ya de «un cubano» o una persona propietaria de un grupo de sociedades que manejaba desde Madrid y de origen hispanoamericano) se hizo con Rubber a mediados de los noventa del pasado siglo.

La empresa llegó a la suspensión de pagos con un pasivo declarado de seis millones de euros, cantidad de la que unos dos tercios correspondían a deudas con sociedades de Vendex o participadas o relacionadas con sus titulares.

Querían controlar a la junta

Por eso los trabajadores no se lo creyeron y a través de la junta de acreedores pretendieron impugnar estas cifras porque entendían que se pretendía controlar la junta, dejarlos al garete y sin cobrar y que los acreedores fuesen los mismos que los deudores. Eran una técnica fraudulenta utilizada con la antigua legislación de las quiebras. Lo cierto fue que el juez que llevó el caso en la vía civil, que es el actual decano de Ferrol, Alejandro Morán Llordén, declaró la quiebra de Rubber como fraudulenta. Las cuentas reales de la empresa de Fene nunca se conocieron porque, según explicaba el comisario de la quiebra, José Carlos Rivas, la contabilidad desapareció de las oficinas de la empresa horas antes de que llegase la intervención judicial a hacerse cargo de la compañía.

Con este informe, el juez incoó diligencias penales, y se iniciaron luego acciones en esta jurisdicción contra el administrador que sustituyó a Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, Navarro Espejo. El juez no aceptó que se responsabilizase la desaparición de la documentación a un fallecido.

El juez decía también que el sistema informático puesto por los propietarios a disposición del comisario «resultó inaccesible», según consta en el auto que dictó entonces. Gervasio, Espejo y Tutor formaban parte del mismo grupo o relacionado con el entramado de sociedades que se hizo con Rubber, según estas mismas fuentes.

«¿Sabes como acabou todo?», se preguntaba ayer tarde la abogada Elena Pardo, «pois -respondía- que inhabilitaron a un procurador do grupo e retrasáronse en nombrar outro, os prazos pasaron e arquivouse a causa da quebra».

La empresa que aparecía entonces como propietaria de Rubber Recauchutados, S.?L., era Cofisa, cuyos titulares recurrieron el procesamiento por el asunto de la supuesta quiebra fraudulenta. Era el año 2002 y los síndicos que habían conseguido nombrar los trabajadores, entre ellos Elena Pardo, sostenían y reiteran ahora que la quiebra de Rubber fue de mayor gravedad que otras porque había sido creada con importantes subvenciones públicas que la Administración nunca llegó a recuperar.

En una primera parte del proceso de quiebra, los trabajadores y también acreedores, habían conseguido introducir a dos síndicos de su cuerda en la junta de acreedores. Pero luego el grupo madrileño consiguió removerlos y sustituirlos por otros. El juez de la suspensión de pagos había conseguido eludir la propuesta del grupo y mantener a los trabajadores diciendo que, según la legislación de entonces, tenían que residir en la plaza. Pero la Audiencia le enmendó la plana.

Mientras funcionaron como tales síndicos, los primeros denunciaron que la deuda o pasivo que los dueños de Rubber hacían constar en sus informes estaba muy abultada.

Cofisa presentaba cheques bancarios y certificaciones de pagos de los que se desconfiaba. Las normas de entonces establecían que la mayoría de la deuda era la que decidía y si los quebrados conseguían justificar su propuesta de facturas, impagados y demás, tendrían la sartén por el mango.

Suspensión de pagos

Las instalaciones de la empresa, tras la suspensión de pagos, fueron desvalijadas por desconocidos en varias ocasiones. En un lateral se amontonaban decenas de toneladas de ruedas de automóviles y camiones que habían quedado sin utilizar cuando la compañía dejó de funcionar.

Todo estaba intervenido, pero se produjeron al menos dos incendios de neumáticos que llevaron al entonces alcalde de Fene, Xosé María Rivera Arnoso, a exigir que se trasladase otro lugar todo el material acumulado porque en la zona en la que estaban suponían un peligro, con bosques a escasos metros. Las naves continúan inutilizadas actualmente.

En diciembre del año pasado, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, presentó ante los diputados del Parlamento gallego un plan de control para prevenir la corrupción en las Administraciones públicas. Se trata de crear un órgano de control como los que ya existen en otros países, por ejemplo Portugal, donde fue creado un consejo de prevención de la corrupción. Pero esa propuesta de la Fiscalía gallega no ha tenido hasta el momento el eco esperado por sus promotores. El fiscal explicó en el Parlamento que la corrupción tiene unos elevados costes «e aféctalle a toda a sociedade dunha forma transversal, xa que mina a confianza dos cidadáns coas súas institucións». En la propuesta de la Fiscalía se advierte: «Se nada facemos, se non damos unha resposta axeitada, corremos o risco de caer na caza de bruxas e no descrédito total».

Tráfico de influencias

En definitiva, con ese plan se trata, según la Fiscalía, de prevenir los riesgos de gestión y de corrupción, además de otras infracciones que pueden darse en el ámbito público como las negociaciones prohibidas a funcionarios y el tráfico de influencias. La Fiscalía señala en su propuesta la necesidad de controlar determinados departamentos de las Administraciones públicas que tienen un mayor riesgo, como son los de urbanismo, contratación de obras, concesión de subvenciones y emisión de licencias urbanísticas. Esos departamentos deberían contar, a juicio de la Fiscalía, con planes de riesgo.

El control lo ejercería un órgano administrativo independiente que podría operar desde la proximidad del Tribunal de Contas. Ese órgano, que podría denominarse Consello de Prevención da Corrupción, elaboraría una guía de actuación para las distintas Administraciones públicas. En ese documento se establecerían las principales actividades y se identificarían los riesgos y las personas que son responsables de cada departamento, al tiempo que se fijarían las medidas de control propuestas.

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