El Gobierno no se plantea suprimir ni diputados ni senadores

Sáenz de Santamaría recuerda que sería necesaria una reforma de la Constitución, que ahora sería inoportuna

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El Gobierno cree que es una buena idea, pero no se aplica el cuento. Soraya Sáenz de Santamaría descartó la reducción del número de miembros del Congreso y del Senado porque implica una reforma de la Constitución, y éste «no es el momento» de acometer esa tarea pues requeriría un amplio consenso con el PSOE, que hoy es inalcanzable.

La vicepresidenta, a cambio, señaló que es «muy positiva» la iniciativa de Esperanza Aguirre de reducir a la mitad, de 129 a 65, los diputados de la Asamblea de Madrid la próxima legislatura porque es un «importante» ejercicio de austeridad. Pero dicho esto, consideró que no es factible trasladar ahora la idea a las Cortes Generales. La Constitución establece en su artículo 68.1 que el Congreso estará formado por un mínimo de 300 diputados y un máximo de 400. El Senado, según la Carta Maga, estará compuesto por cuatro representantes de cada provincia, por tres de las islas más grandes y uno de las menores, así como por los que designen los parlamentos autonómicos.

Cambiar estas disposiciones acarrea una reforma constitucional para la que el concurso de los socialistas es imprescindible. Pero no es la prioridad actual del Gobierno, centrado en las medidas contra la crisis y para salvar las crisis de la deuda y de la recapitalización bancaria.

Sáenz de Santamaría señaló además que la intención de algunos grupos parlamentarios no solo no es reducir el número de diputados sino aumentarlo hasta los 400. En esta tesitura están, al menos, Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia, que reclaman la creación de un colegio nacional de 50 diputados elegidos con los restos de cada circunscripción.

La vicepresidenta, de todas maneras, alabó la propuesta de Aguirre como parte del «importante ejercicio de austeridad» que llevan a cabo algunas comunidades autónomas para reducir el déficit hasta el 1,5% de su PIB al final de este año. En el caso concreto de la rebaja de parlamentrios, Sáenz de Santamaría indicó que no es posible generalizar sino que cada gobernante territorial deberá decidir si sigue el camino apuntado por la presidenta madrileña dentro de sus planes de reducción del gasto.

En el Gobierno, sin embargo, se admite que la iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid está bien como gesto más que como medida efectiva de ahorro porque la economía que se lograría sería testimonial. En ningún caso se acercaría a los cálculos aparecidos en algunos medios, que se limitaron a dividir por la mitad los presupuestos de todos los parlamentos para sacar las cuentas.

Pocos seguidores

La medida de reducción de parlamentarios se podría incardinar en el proceso de reforma y reestructuración de las administraciones que estudian y negocian el Gobierno y el PSOE, y que avanza «a buen ritmo», en palabras de Sáenz de Santamaría. Sobre todo en el apartado municipal, donde ya se han conseguido algunos acuerdos, que no especificó.

La idea de Aguirre, además, no consiguió muchos seguidores. El presidente de Extremadura, el popular José Antonio Monago, se mostró dispuesto a rebajar el número de representantes legislativos, pero dijo tener las manos atadas porque PSOE e IU «no son partidarios». También el Gobierno balear, que en un primer momento pareció secundar la propuesta, se echó para atrás. El presidente autonómico, José Ramón Bauzá, afirmó el jueves que estudian una medida de ese tipo, pero el portavoz del Ejecutivo, Rafael Bosch, aclaró hoy que «no se estudia ni se ha planteado» una reducción de parlamentarios. En las demás comunidades gobernadas por el PP hubo un expresivo silencio.

Solo en las autonomías donde los populares están en la oposición surgieron partidarios de Aguirre. Es el caso del líder de los populares andaluces, Javier Arenas, quien afirmó que «más pronto que tarde habrá reducción de políticos en todas las instituciones». El PSOE no se tomó en serio la propuesta porque, a su juicio, es una mera «cortina de humo» para distraer la atención del fuerte ajuste del gasto, más de mil millones de euros, que va a aplicar en la Comunidad de Madrid.

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