Condena para quince acusados que ocuparon ilegalmente unas viviendas públicas de Verín
VERÍN
Los imputados pagarán 560 euros por un delito de usurpación
29 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Pocas veces se han celebrado vistas con tantos acusados en los juzgados de la capital ourensana. Y es que ayer quince acusados estaban citados por la sala de lo penal número 1 para responder penalmente por la ocupación de varias viviendas de titularidad pública de Verín en las que los imputados, todos integrantes de varias familias, residieron durante varios meses sin tener permiso de sus propietarios.
Eso sí, lo que se presentaba como un juicio largo se zanjó finalmente en apenas unos minutos al haber llegado las partes personadas en la causa a un acuerdo de conformidad. Según ese pacto, contra el que no cabe recurso alguno, todos los imputados se reconocen autores de un delito de usurpación, por el que deberán abonar una multa de cuatro meses, a razón del pago diario de seis euros. Serán en total 560 euros los que deban entregar a la justicia todos y cada uno de los responsables de una ocupación ilegal que, según ha quedado probado, comenzó en los primeros días del mes de agosto del 2014.
Por razones que no han trascendido, los acusados decidieron comenzar a residir en una urbanización de viviendas de titularidad pública, propiedad del Ministerio de Fomento, ubicadas en la calle San Antón de Verín. Al no tener autorización alguna de los propietarios para acceder a las casas, los nuevos inquilinos simplemente forzaron las cerraduras y se metieron, con todos sus objetos personales y sus familias, en el interior. En total, se ocuparon nueve bloques por parte de Carmen Vanesa S. G., Inocencio S. M., Enrique G. M., Tabita B. B., Marcos S. S., Rocío S. S., Moisés S. S., Arturo S. S., Ángel S. S., María Rosario M. J., Antonio L. G., Angelar M. S., Victoria R. S., Ángel H. H. y María Isabel G. S.
Así transcurrieron varias semanas, hasta que en agosto de ese mismo año un funcionario de la Xunta denunció los hechos, activándose un procedimiento judicial que propició que, en noviembre de ese mismo año, la Audiencia provincial de Ourense acordase el desalojo cautelar de las viviendas, un hecho que se produjo efectivamente apenas unos días después.
Hoy en día ninguno de los moradores ilegales reside ya en aquellos bloques, situados en las afueras de Verín, pero además de abonar la multa que les ha impuesto la justicia, de un total de 8.400 euros, los condenados deberán indemnizar a los verdaderos propietarios de las viviendas por los daños causados durante el acceso ilegal y por los desperfectos que causaron durante la ocupación.