El alcalde de Sandiás juntó a 70 personas para hablar del tema, cita que plantaron otros regidores
18 feb 2017 . Actualizado a las 13:33 h.En la provincia de Ourense, donde se plantan de patatas 5.500 hectáreas de terreno y se producen unos 90 millones de kilos para su explotación comercial (aparte de las de autoconsumo), la plaga de la polilla guatemalteca preocupa. Y mucho, aunque todavía no es una zona afectada. Tanto es así que sindicatos, concellos y partidos políticos han comenzado a moverse buscando información y posibles soluciones. Eso sí, por separado.
En Sandiás había ayer una reunión convocada por el alcalde, Felipe Traveso, a la que estaban invitados todos los alcaldes de la comarca de A Limia y también productores, almacenistas y agricultores. Y allí se juntaron unas 70 personas interesadas en el tema: de la localidad, pero también de otras limítrofes. Alcaldes, solo uno, el de Baltar. Del resto, ni rastro. El de Xinzo, Antonio Pérez, aseguraba no haber recibido invitación alguna, término que rechazaba Traveso.
En Sandiás acordaron crear una comisión -integrada por los dos regidores presentes, un productor, un almacenista y un representante del Sindicato Labrego Galego- que acudirá a una reunión con la directora xeral de Agricultura. La cita está pedida, pero falta fecha, con el objetivo de conocer la información sobre la plaga y después trasladarla a los interesados en el tema.
No será la única cita informativa. El día 23 está prevista una reunión de responsables de la Xunta con los integrantes de la Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia; y hacia final de la próxima semana se prevé una visita de técnicos de la Consellería de Medio Rural a la Casa da Cultura de Xinzo para explicar el tema. «É algo que pedimos nós a través do parlamentario Carlos Gómez», explicaba el regidor de la capital limiana, metiendo en ese «nós» a los alcaldes de Porqueira, Rairiz, Trasmiras y Sarreaus.
Por su parte, desde el PSOE de A Limia, los portavoces socialistas pactaron iniciar acciones conjuntas que pasan por la presentación de mociones en los ayuntamientos pidiendo la implicación del Instituto do Campo y la Deputación de Ourense. Además, piden que se inste al Gobierno a la publicación urgente de un decreto que regule la plantación en las zonas de Galicia, y a la Xunta que se le reclame una partida económica para indemnizaciones.